Para Junts, las medidas planteadas no responden a sus principales demandas y podrían incluso agravar algunos de los problemas que pretenden solucionar.
Soldecanarias.net / Redacción
El Gobierno se enfrenta a un nuevo revés parlamentario después de que Junts haya decidido votar en contra de los dos decretos sobre vivienda que el Congreso tenía previsto debatir este viernes. La formación de Carles Puigdemont reclama al Ejecutivo que retire los textos actuales y prepare una nueva propuesta que pueda ser negociada y sometida de nuevo a votación.
La decisión fue adoptada este jueves por la dirección de Junts, después de varias horas de negociaciones y de creciente tensión entre el partido independentista y el Gobierno de Pedro Sánchez. Para Junts, las medidas planteadas no responden a sus principales demandas y podrían incluso agravar algunos de los problemas que pretenden solucionar.
Uno de los principales desacuerdos se encuentra en el tratamiento de las viviendas en manos de grandes fondos de inversión. Junts considera insuficientes las limitaciones previstas por el Ejecutivo y reclama mayores restricciones para que estas entidades puedan adquirir nuevos inmuebles y participar en procesos de desahucio que afecten a familias vulnerables.
La formación catalana también cuestiona el sistema de protección previsto para los inquilinos con dificultades económicas. A su juicio, cualquier mecanismo destinado a impedir determinados desahucios debe ir acompañado de garantías suficientes para que los propietarios reciban las cantidades que les correspondan.
Otro de los puntos defendidos por Junts es una ampliación de los incentivos fiscales relacionados con el acceso a la vivienda. El partido propone utilizar las deducciones en el IRPF para reducir el coste del alquiler y de la compra de vivienda habitual, una medida que considera necesaria ante el aumento de los precios.
El Gobierno, sin embargo, no contempla retirar los decretos. El Ejecutivo sostiene que los textos son fruto de meses de trabajo y de conversaciones con diferentes fuerzas políticas y considera que contienen un amplio paquete de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.
La ruptura con Junts complica todavía más la situación parlamentaria de Sánchez. Durante los últimos días, varias formaciones habían mostrado su disposición a respaldar las iniciativas, aunque con diferentes niveles de apoyo y algunas reservas sobre su contenido. La negativa de Junts obliga al Gobierno a afrontar una votación especialmente delicada.
El conflicto refleja además las diferencias existentes entre los socios parlamentarios del Ejecutivo sobre cómo abordar la crisis inmobiliaria. Mientras las formaciones de izquierdas han respaldado buena parte de las medidas planteadas, Junts reclama un enfoque diferente, con mayor protagonismo de los incentivos fiscales y restricciones más contundentes a determinados grandes propietarios.
La decisión también tiene una dimensión política para Junts. La formación busca mantener una posición propia ante una cuestión que afecta especialmente al mercado inmobiliario catalán y evitar que su apoyo al Gobierno se traduzca en aceptar medidas que considera perjudiciales para propietarios e inquilinos.
Por ahora, las dos partes mantienen posiciones alejadas. Junts quiere que Sánchez vuelva a la mesa de negociación y presente una nueva normativa, mientras que el Ejecutivo pretende mantener los decretos tal y como están planteados. Si ninguna de las partes modifica su posición, el Gobierno tendrá que afrontar una votación en el Congreso sin el respaldo de uno de sus apoyos parlamentarios habituales.
La crisis de los decretos de vivienda vuelve así a poner de manifiesto la dificultad del Ejecutivo para reunir mayorías estables en el Congreso y convierte la política de vivienda en un nuevo escenario de negociación entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios.
