La Guardia Civil detectó graves deficiencias sanitarias, animales con signos de desnutrición y restos óseos calcinados durante una inspección realizada en una parcela rústica del municipio.
Soldecanarias.net / Granadilla de Abona
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Granadilla de Abona como presunto responsable de un delito de maltrato animal tras una intervención desarrollada en una finca donde fueron localizados 49 perros de caza en condiciones que, según los investigadores, comprometían seriamente su bienestar.
La actuación fue llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), con el apoyo de guardas rurales especializados en gestión cinegética, después de recibir información que alertaba sobre la posible existencia de numerosos animales mantenidos en situación de abandono.
Durante la inspección, los agentes comprobaron que los perros permanecían distribuidos en distintos espacios de la parcela con importantes carencias higiénico-sanitarias, acumulación de residuos y excrementos, así como ausencia de refugios adecuados para proteger a los animales de las condiciones ambientales. Además, solo una parte de ellos disponía de la documentación sanitaria obligatoria y de identificación mediante microchip.
La valoración realizada por una veterinaria que colaboró en el operativo confirmó que varios ejemplares presentaban un acusado deterioro físico y un estado corporal compatible con procesos de desnutrición, una situación que, según las primeras conclusiones, podría estar relacionada con una alimentación insuficiente o con un acceso desigual al alimento.
Los agentes también localizaron en el interior de la finca un antiguo depósito de agua empleado, presuntamente, para el adiestramiento de perros de caza, así como diversos montículos y una cavidad en la que aparecieron restos óseos de animales calcinados, elementos que han sido incorporados a la investigación.
Tras la inspección, el propietario de la finca fue detenido como presunto autor de un delito de maltrato animal y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.
La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer todas las circunstancias del caso y determinar el alcance de las posibles infracciones penales y administrativas relacionadas con el estado en el que fueron hallados los animales.
