La oposición alerta del riesgo de volver a un plan de ajuste mientras el Gobierno local defiende que la medida garantiza servicios esenciales y el pago de sentencias
Soldecanarias.net / Güimar
El Ayuntamiento de Güímar vivió este martes un pleno marcado por la tensión política tras la aprobación de una modificación y suplemento de crédito por valor de 6,68 millones de euros procedentes del remanente municipal. La medida salió adelante únicamente con los votos del grupo de Gobierno y con un informe desfavorable de la Intervención accidental, circunstancia que centró buena parte del debate.
La oposición cuestionó el uso de los ahorros municipales y advirtió del posible riesgo de que el consistorio vuelva a verse obligado a aplicar un plan económico-financiero. La interventora accidental, María Benítez, evitó entrar en valoraciones políticas y señaló que las consecuencias sobre la estabilidad presupuestaria solo podrán determinarse al cierre de la ejecución del presupuesto de 2026.
Entre las partidas más relevantes incluidas en la modificación destaca una dotación de 1,32 millones de euros destinada a cubrir cuatro meses del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, así como el coste salarial de quince nuevos trabajadores de FCC mientras se tramita el nuevo contrato municipal.
Otra de las cantidades más significativas corresponde al pago de una sentencia judicial relacionada con las obras ejecutadas hace cinco años en la zona de Las Bajas. El Ayuntamiento deberá abonar más de 514.000 euros por unos trabajos cuyo presupuesto inicial rondaba los 342.000 euros y que finalmente superaron el millón de euros sin llegar a concluirse.
El concejal de Hacienda, José Miguel Hernández, detalló además inversiones cercanas al millón de euros para actuaciones en distintas concejalías, más de 1,18 millones para compra de terrenos e inmuebles, fondos para Bienestar Social y casi medio millón destinado a actuaciones de emergencia por los daños ocasionados por la borrasca Therese.
Durante la sesión plenaria, los grupos de la oposición insistieron en pedir explicaciones técnicas sobre el expediente económico. La alcaldesa, Carmen Luisa Castro, defendió la decisión asegurando que responde “al interés general” y subrayó que la medida no implica ni subida de impuestos ni incremento de deuda municipal.
Por su parte, la concejala Raquel Díaz sostuvo que el informe de Intervención no supone un reparo formal, sino una advertencia vinculada a la estabilidad presupuestaria, y defendió la necesidad de mantener servicios básicos y afrontar obligaciones judiciales.
El debate se endureció especialmente en el tramo final del pleno. José Miguel Hernández respondió con dureza a las acusaciones de la oposición y emplazó a quienes sospechen de irregularidades a acudir a la Justicia o a la Fiscalía. También responsabilizó al exalcalde Airam Puerta del sobrecoste y de la situación judicial derivada de las obras de Las Bajas.
Desde Unidas Sí Podemos se cuestionó además el elevado coste previsto para el servicio de basura y se defendió que la empresa pública Gesplan habría permitido un importante ahorro económico al municipio.
