El cuerpo policial paraliza las entrevistas y trámites de protección internacional pese a la orden del Tribunal Supremo
Soldecanarias.net / Redacciòn
La Policía de Extranjería en Tenerife ha suspendido el proceso de asilo de 675 menores migrantes no acompañados, desoyendo así la reciente orden del Tribunal Supremo que instaba al Estado a asumir su tutela en un plazo de diez días. La decisión fue comunicada el martes a la Consejería de Bienestar Social, el mismo día en que el Supremo dictó medidas cautelares para garantizar la protección de estos menores.
Un bloqueo que contradice la justicia
Los menores afectados habían solicitado asilo alegando que huyen de países donde sus vidas corren peligro debido a la vulneración de derechos humanos, persecución y amenazas. Sin embargo, la Unidad de Extranjería (Udex) de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha emitido un comunicado interno informando de que en abril no se realizarán entrevistas ni reseñas a nuevos solicitantes de protección internacional.
Esta decisión supone un claro incumplimiento de la resolución del Supremo, que exigía al Gobierno central asumir la tutela de los menores no acompañados tutelados por Canarias y tramitar sus solicitudes de asilo de manera urgente.
Canarias sobrepasada ante la falta de respuesta estatal
El colapso del sistema de acogida en Canarias ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades autonómicas en los últimos meses. Con más de 5.500 menores bajo su tutela, la comunidad ha reclamado reiteradamente la implicación del Estado en la gestión de esta crisis humanitaria. La decisión de la Policía de Extranjería agrava aún más la situación y deja a estos menores en un limbo legal y administrativo.
Impacto en la protección de los menores
El bloqueo del proceso de asilo no solo incumple la orden judicial, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de estos menores, quienes han llegado a España en condiciones extremas buscando refugio. Organizaciones de derechos humanos y expertos en migración han advertido que esta paralización puede derivar en situaciones de vulnerabilidad aún mayores para los afectados.
Presión política y posibles repercusiones legales
El incumplimiento de la orden del Supremo podría derivar en consecuencias legales para la administración responsable de la paralización de los trámites. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior y ha reclamado una respuesta inmediata para garantizar que se cumpla la resolución judicial.
La situación genera un nuevo foco de tensión en la gestión de la crisis migratoria en Canarias, donde la falta de coordinación entre administraciones y la sobrecarga del sistema de acogida han puesto en jaque la protección de los menores migrantes no acompañados. A medida que avancen los días sin una solución clara, el conflicto podría escalar, con repercusiones tanto a nivel judicial como humanitario.
