El presidente de la organización empresarial, Javier Cabrera, considera que la situación ha alcanzado un nivel “crítico” después de años de crecimiento poblacional, económico y turístico sin que se haya producido una adaptación real de los recursos judiciales disponibles en la comarca.
Soldecanarias.net / Adeje
Según los últimos datos recogidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Archipiélago mantiene la mayor tasa de litigiosidad del país, una presión que se deja sentir especialmente en el Sur de Tenerife. Solo en Arona se tramitaron el pasado año más de 29.000 asuntos judiciales, mientras que Granadilla superó los 11.800 procedimientos.
Desde el CEST sostienen que esta sobrecarga afecta directamente a la calidad del servicio público y genera consecuencias económicas y sociales cada vez más visibles. Entre ellas, destacan la demora en la resolución de conflictos laborales y mercantiles, la inseguridad jurídica para empresas e inversores y el desgaste que sufren ciudadanos y profesionales obligados a convivir con procedimientos eternos.
Especial preocupación genera la situación de los juzgados de Granadilla de Abona, unas instalaciones que el propio TSJC califica de anticuadas y carentes de condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad. Los empresarios consideran incomprensible que una de las zonas con mayor crecimiento de Canarias continúe operando con infraestructuras judiciales que califican de “impropias” para la realidad actual del territorio.
Ante este escenario, el CEST defiende la necesidad de una reforma profunda que incluya más jueces, fiscales y funcionarios, además de una reorganización integral del mapa judicial del Sur. Entre las propuestas planteadas figura la reunificación de los partidos judiciales de Arona y Granadilla y la creación de una sección especializada en materia laboral dentro del futuro Tribunal de Instancia de Arona.
Para Javier Cabrera, el problema ya ha superado el ámbito administrativo y se ha convertido en una cuestión estratégica para el desarrollo económico de la comarca. “Sin una Justicia ágil y eficaz resulta imposible garantizar estabilidad, atraer inversión y proteger los derechos de la ciudadanía”, advierte el presidente del colectivo empresarial.
