Más de 30 trabajadores cuestionan la legalidad de los recortes aplicados en 2012 en el marco de la concesión a Sacyr
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife
La empresa encargada del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife, la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa), se enfrenta a una demanda presentada por más de una treintena de trabajadores que impugnan las condiciones laborales pactadas en 2012. El caso vuelve a situar en el centro del debate la relación entre la gestión pública del servicio y su concesión a manos privadas.
Los empleados sostienen que las medidas adoptadas hace más de una década —entre ellas la congelación salarial, la reforma del plan de pensiones y la eliminación de determinados complementos por antigüedad— se basaron en una supuesta situación de crisis económica que, según su versión, no se correspondía con la realidad financiera de la empresa.
La demanda, presentada ante la jurisdicción social, cuestiona la justificación de aquellos ajustes y apunta a una supuesta estructura de pagos vinculada a la concesión del servicio. En particular, los trabajadores relacionan el deterioro de sus condiciones laborales con la devolución de un canon a la empresa adjudicataria del servicio, la multinacional Sacyr, que participa en el capital de Emmasa.
El origen del conflicto se remonta a la adjudicación en 2007 de la gestión del ciclo del agua en la capital tinerfeña a esta compañía, en un contrato de larga duración que supuso la entrada de capital privado en la empresa mixta. A partir de entonces, la estructura societaria y financiera de Emmasa experimentó cambios significativos que han sido objeto de debate político y judicial en los últimos años.
Los demandantes argumentan que determinadas decisiones económicas adoptadas durante ese periodo generaron un desequilibrio en las cuentas de la compañía que sirvió de base para justificar los recortes laborales. También señalan que la falta de transparencia en la información disponible en aquel momento impidió una reacción legal más temprana.
La controversia no se limita al ámbito laboral. La gestión del contrato y los flujos económicos entre la empresa y su socio privado han sido objeto de investigaciones judiciales y pronunciamientos administrativos en los últimos años, en un contexto de creciente escrutinio sobre la privatización de servicios públicos esenciales.
Emmasa, por su parte, defendió en su momento que las medidas de ajuste respondían a la caída del consumo, al incremento de costes energéticos y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del servicio. Estas explicaciones fueron asumidas entonces por los órganos de gobierno municipales que avalaron la reestructuración interna.
El caso, ahora reabierto en sede judicial por la vía laboral, vuelve a poner el foco en las consecuencias a largo plazo de la privatización parcial del servicio de agua en la capital tinerfeña y en la tensión entre rentabilidad empresarial y condiciones de los trabajadores en un sector estratégico.
