El bloqueo del convenio colectivo, las críticas a la externalización del servicio y la falta de acuerdo entre sindicatos, empresas y Administración mantienen abierta una crisis que afecta a más de 2.000 profesionales
Soldecanarias.net / Redacción
El transporte sanitario de Canarias atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. La negociación del IV Convenio Colectivo continúa sin avances desde que expiró el anterior acuerdo a finales de 2024, mientras trabajadores, empresas y Gobierno de Canarias mantienen posiciones enfrentadas sobre quién debe asumir el coste de las mejoras laborales que reclama el sector.
Aunque el debate se ha centrado en la actualización salarial, los representantes de los trabajadores sostienen que el conflicto va mucho más allá de los sueldos. Denuncian jornadas prolongadas, falta de personal para cubrir relevos, dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, vehículos con un elevado desgaste y una organización del servicio que, aseguran, incrementa la presión sobre las plantillas.
Las movilizaciones celebradas durante los últimos meses, con jornadas de huelga y concentraciones en distintos puntos del Archipiélago, reflejan el malestar de un colectivo que considera insuficientes las condiciones en las que presta un servicio considerado esencial para la atención sanitaria de la población.
El principal punto de fricción continúa siendo la financiación del servicio. Las empresas adjudicatarias sostienen que los contratos públicos actuales no contemplan recursos suficientes para asumir mejoras salariales de forma sostenible, mientras que el Ejecutivo autonómico insiste en que la negociación corresponde exclusivamente a la patronal y a los sindicatos, aunque reconoce su papel como financiador del sistema mediante los contratos públicos.
Desde las organizaciones sindicales, sin embargo, se defiende que la Administración condiciona el resultado de las negociaciones al fijar previamente el presupuesto de los futuros contratos, limitando así el margen de maniobra para alcanzar un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
El conflicto también ha reabierto el debate sobre el modelo de gestión del transporte sanitario. En la actualidad, la mayor parte del servicio está externalizada a empresas privadas, una fórmula que los sindicatos consideran agotada al entender que prioriza el equilibrio económico de las concesiones frente a las necesidades asistenciales y laborales. Entre sus reivindicaciones figura la realización del estudio aprobado por el Parlamento de Canarias para analizar la viabilidad de una gestión pública directa.
Las críticas alcanzan igualmente al control que ejerce la Administración sobre las empresas concesionarias. Los representantes de los trabajadores reclaman una mayor fiscalización de los contratos para garantizar el cumplimiento de los recursos humanos y materiales comprometidos, así como una renovación de la flota y una mejora de las condiciones operativas del servicio.
En las últimas semanas, el conflicto ha ganado también protagonismo en el ámbito político. Diversas instituciones han expresado su respaldo a las reivindicaciones del sector, mientras varios grupos parlamentarios han solicitado al Gobierno autonómico una implicación más activa para desbloquear la negociación y garantizar la estabilidad de un servicio considerado estratégico para el sistema sanitario.
La controversia volvió a intensificarse tras la petición de Técnicos en Emergencias Sanitarias voluntarios para colaborar en el dispositivo organizado con motivo de la visita del papa León XIV. La iniciativa fue rechazada por los sindicatos, que recordaron que se trata de profesionales especializados cuya labor debe ser reconocida y remunerada conforme a sus responsabilidades.
Sin una fecha para retomar con éxito las negociaciones y con posiciones aún alejadas entre las partes, el transporte sanitario canario permanece inmerso en un conflicto que trasciende el ámbito laboral y abre un debate más amplio sobre la financiación, la gestión y el futuro de uno de los servicios esenciales de la sanidad pública en las islas.
