Justicia ratifica la condena de siete años de prisión para Giuseppe Carta y castigos menores para sus cómplices
Soldecanarias.net / Redacciòn
El Tribunal Supremo ha confirmado las penas impuestas a Giuseppe Carta, su hijo Alessio y la pareja de este, Laura Painate, por un caso de estafa y descapitalización fraudulenta de empresas, entre ellas Herrajes Guamasa. La condena, que ya había sido dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, impone siete años de prisión a Giuseppe Carta, cuatro a su hijo y dos años y seis meses a Painate. Además, el fallo obliga a los condenados a asumir las costas judiciales.
Un escándalo empresarial con impacto institucional
El caso adquirió una dimensión pública mayor cuando se descubrió que Giuseppe Carta había sido presentado como promotor del circuito del motor de Tenerife, apareciendo incluso junto a altos cargos del Cabildo en un acto oficial. Esta situación generó gran revuelo y forzó la adopción de medidas para apartarlo del proyecto, aunque su desvinculación no fue inmediata.
Según la investigación judicial, los condenados operaban con un modus operandi basado en la adquisición de empresas para descapitalizarlas y transferir sus activos a sociedades vinculadas, eludiendo así sus obligaciones financieras. La justicia determinó que los antiguos propietarios de Herrajes Guamasa fueron engañados con promesas falsas sobre la liberación de avales personales, lo que facilitó la apropiación fraudulenta de la empresa.
El Supremo respalda la labor judicial
La resolución del Tribunal Supremo ha sido contundente, rechazando todos los recursos interpuestos por los condenados y reafirmando las pruebas presentadas durante el proceso. La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife resultó clave para esclarecer los hechos y sentar las bases de la condena.
Este fallo supone el cierre definitivo de un caso que ha puesto de manifiesto la existencia de redes de fraude empresarial con impacto directo en proyectos institucionales, como el fallido circuito del motor de Tenerife. Mientras tanto, la iniciativa sigue sin materializarse, arrastrando incertidumbre y polémica.
Con esta decisión, la justicia no solo sanciona a los responsables de la estafa, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de mayor control en la contratación y promoción de proyectos de interés público.
