Aarón Afonso critica al gobierno del Cabildo de Tenerife por rechazar medidas clave mientras crecen los problemas para vecinos y municipios
Soldecanarias.net / Redacción
La gestión de las aguas residuales vuelve a situarse en el centro del debate político en Tenerife. El Grupo Socialista en el Cabildo ha cargado contra el actual gobierno insular por lo que considera una falta de acción ante un problema estructural que afecta tanto al medio ambiente como a la ciudadanía.
Su portavoz, Aarón Afonso, advierte de que la situación no solo persiste, sino que se agrava. Denuncia trabas administrativas, retrasos en proyectos y un incremento notable en los costes de las obras necesarias para adaptar los sistemas de saneamiento, lo que está complicando especialmente a las comunidades de vecinos cumplir con la normativa.
Desde el PSOE insisten en que han planteado soluciones concretas en los últimos presupuestos, orientadas a avanzar hacia el objetivo de “vertidos cero”. Entre ellas, destacan ayudas económicas a los ayuntamientos para mejorar infraestructuras hidráulicas y facilitar la conexión de viviendas a la red de alcantarillado. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por el ejecutivo insular formado por Coalición Canaria y Partido Popular.
Afonso subraya que el problema trasciende lo político y tiene consecuencias directas sobre la población, tanto por el impacto económico en los hogares como por los riesgos ambientales y sanitarios derivados de los vertidos.
En paralelo, desde el ámbito técnico, la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales también ha expresado su preocupación. La entidad advierte de una preocupante “sensación de impunidad” en torno al incumplimiento de la normativa, tanto por parte de administraciones como de particulares, pese a las advertencias europeas.
Los expertos alertan de que la falta de actuación no solo podría derivar en sanciones, sino también en responsabilidades judiciales, en un contexto donde varios ayuntamientos ya enfrentan procedimientos relacionados con la gestión del saneamiento.
El debate, en definitiva, refleja un problema enquistado que combina déficit de infraestructuras, lentitud administrativa y falta de consenso político, mientras crece la presión para actuar con urgencia y evitar consecuencias mayores para la isla.
