Franquis reclama la aplicación del decreto 1/2023 y critica que el Ejecutivo de Clavijo mantenga paralizado el proceso para que los inquilinos puedan acceder a la propiedad
Soldecanarias.net / Redacción
El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha reclamado al Gobierno autonómico que active el procedimiento que permitiría a miles de familias canarias adquirir en propiedad las viviendas protegidas que ocupan actualmente en régimen de alquiler.
Según el PSOE, alrededor de 10.000 hogares llevan años residiendo en estas viviendas y permanecen a la espera de que se desarrolle el mecanismo previsto para facilitar su acceso a la propiedad. Los socialistas consideran que el Ejecutivo de Fernando Clavijo está retrasando de forma injustificada la aplicación de la normativa vigente.
Franquis trasladó esta reivindicación tras mantener un encuentro con representantes de la Plataforma Ciudadana de Viviendas Sociales en Lucha y de la Plataforma 289 Vivienda por Derecho de Lomo de los Frailes, organizaciones que representan a familias afectadas por la situación.
El dirigente socialista puso el foco en el Decreto 1/2023, aprobado durante la pasada legislatura, que establece las bases para desarrollar el proceso de transmisión de determinadas viviendas protegidas a sus actuales ocupantes.
A juicio de Franquis, el Ejecutivo autonómico no puede justificar la paralización del procedimiento mientras la norma continúe en vigor. El portavoz socialista sostiene que el Gobierno dispone de un marco jurídico que permite avanzar y le acusa de mantenerlo sin desarrollar.
“Las familias llevan décadas esperando una solución y tienen derecho a saber qué va a ocurrir con sus viviendas”, señaló Franquis, quien considera que la falta de avances prolonga la incertidumbre de miles de hogares.
El PSOE recuerda además que el Decreto 1/2023 sustituyó al régimen anterior establecido por el Decreto 114/1999, con el objetivo de adaptar el procedimiento a la legislación vigente y reforzar las garantías jurídicas para los beneficiarios.
Para los socialistas, el cambio normativo no supuso la desaparición del derecho de acceso a la propiedad, sino la actualización del procedimiento. Por ello, reclaman al Gobierno de Canarias que concrete los pasos necesarios para ponerlo en marcha y dé respuesta a las plataformas de afectados.
La controversia se produce en un contexto de fuerte presión sobre el acceso a la vivienda en Canarias, donde las administraciones públicas están impulsando distintas iniciativas para ampliar el parque de vivienda protegida y facilitar el acceso a alquileres asequibles.
