La protección frente a desahucios, los cambios en alquileres temporales y las ayudas a la compra avanzan a nivel estatal, mientras que las zonas tensionadas dependerán del Gobierno autonómico.
Soldecanarias.net / Redacción
El nuevo paquete de medidas sobre vivienda aprobado por el Consejo de Ministros plantea cambios relevantes para inquilinos, propietarios y personas que buscan acceder a una primera vivienda. Sin embargo, su alcance en Canarias no será uniforme: algunas medidas se aplicarán desde el ámbito estatal y otras requerirán decisiones concretas del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos.
Los decretos deberán superar ahora su trámite de convalidación en el Congreso de los Diputados. Entre las medidas anunciadas figura la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables que no cuenten con una alternativa habitacional.
En estos casos, el papel de las administraciones autonómicas y locales será determinante. La búsqueda de una solución residencial para las familias afectadas exigirá coordinación entre las instituciones, especialmente en un territorio como Canarias, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales.
El paquete también contempla una prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Además, otra de las normas planteadas propone la renovación automática de contratos, aunque esta medida queda pendiente de lograr el respaldo parlamentario necesario.
Uno de los apartados con mayor repercusión se refiere al alquiler temporal y por habitaciones. Los contratos de temporada deberán justificar de forma expresa su carácter temporal. Si esa causa no existe o no puede acreditarse, el arrendamiento podría pasar a considerarse como vivienda habitual.
La norma también prevé que el precio conjunto de las habitaciones no supere el límite que correspondería a la vivienda completa, además de extender a estas fórmulas algunas garantías propias del alquiler residencial.
En Canarias, estas medidas adquieren una dimensión especial por la presión que soporta el mercado de la vivienda en zonas turísticas. El peso del alquiler vacacional y de los contratos de corta duración ha reducido la oferta disponible para residentes en numerosos municipios.
El decreto incorpora igualmente incentivos fiscales para arrendatarios con ingresos inferiores a 33.000 euros anuales y beneficios para propietarios que mantengan o reduzcan las rentas. También se anuncian cambios en el tratamiento fiscal de determinados pisos turísticos, con la posibilidad de aplicar un IVA del 21 % en los supuestos que hasta ahora podían estar exentos.
Los ayuntamientos situados en zonas tensionadas podrán establecer recargos en el IBI para viviendas destinadas al alojamiento turístico. No obstante, esta herramienta no tendrá aplicación inmediata en Canarias, ya que actualmente no existe ninguna zona declarada oficialmente como tensionada.
La legislación estatal establece que los municipios deben iniciar el procedimiento y aportar los informes necesarios, pero la declaración final corresponde al Gobierno de Canarias. Varios ayuntamientos han solicitado ya este reconocimiento sin que, hasta el momento, se haya resuelto la petición.
El paquete estatal incluye además la línea Tu Casa, gestionada a través del ICO, que ofrecería préstamos de hasta 50.000 euros al 0 % de interés para ayudar a financiar la entrada de una primera vivienda habitual. La cantidad estará limitada al menor importe entre el 20 % del valor del inmueble y el tope fijado por la medida.
En paralelo, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé una financiación total de 371 millones de euros para Canarias. De esa cifra, 222,6 millones proceden del Estado y 148,4 millones corresponden a la aportación autonómica.
El efecto final de estas medidas en las Islas dependerá, por tanto, de la aplicación de las normas estatales y de las decisiones que adopten el Ejecutivo regional y los ayuntamientos. La declaración de zonas tensionadas, la movilización de vivienda asequible y la atención a los hogares vulnerables serán algunos de los elementos que marcarán el alcance real del decreto en Canarias.
