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jueves, noviembre 5, 2026

El Gobierno canario plantea nuevas restricciones para comprar vivienda en el archipiélago

La propuesta remitida al Ejecutivo estatal exige diez años de empadronamiento, limita a dos los inmuebles por comprador y abre la puerta a nuevas competencias municipales frente a la presión inmobiliaria.

Soldecanarias.net / Redacción

El Gobierno de Canarias ha trasladado al Ejecutivo central un borrador legislativo que busca restringir la compra de viviendas por parte de personas que no acrediten una residencia prolongada en las islas. La iniciativa establece un mínimo de diez años de empadronamiento, que aumentaría a quince en los casos de residencia discontinua.

El documento, impulsado por el Gobierno de Fernando Clavijo, contempla además que cada persona pueda adquirir un máximo de dos viviendas, siempre que estén situadas en municipios diferentes. Las empresas solo podrían comprar inmuebles si tienen como finalidad social su venta o alquiler a personas físicas. Las herencias quedarían excluidas de estas limitaciones.

El Ejecutivo autonómico justifica la propuesta por las dificultades de acceso a la vivienda, la escasez de suelo y el aumento de las adquisiciones destinadas a usos distintos de la residencia habitual, entre ellos el alquiler vacacional. Para defender su encaje jurídico, plantea acogerse al régimen específico de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

La iniciativa también incluye cambios para ampliar las herramientas de los ayuntamientos. Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de establecer restricciones a determinadas operaciones inmobiliarias de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE que no acrediten dos años de residencia en el municipio.

Asimismo, el Gobierno canario propone habilitar tasas vinculadas a las estancias turísticas y permitir que los consistorios prohíban el alquiler vacacional en zonas determinadas.

Por ahora, las medidas son propuestas legislativas y no están en vigor. Su aplicación dependerá de la tramitación estatal y de que superen los correspondientes controles jurídicos, en un debate que afecta al acceso a la vivienda, la movilidad y la actividad turística de Canarias.

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