Empresarios del sur de Tenerife intensifican sus acciones por supuestas irregularidades mientras surgen interrogantes sobre la actuación del Ayuntamiento de Arona
Soldecanarias.net / Arona
El conflicto en torno al centro comercial Safari, ubicado en la Milla de Oro del sur de Tenerife, ha ido escalando en las últimas semanas hasta situarse en un terreno delicado tanto en lo jurídico como en lo empresarial. Diversos empresarios de la zona han presentado denuncias por lo que consideran supuestas obras ejecutadas sin la preceptiva licencia, un extremo que, de confirmarse, podría implicar una ampliación no autorizada de la superficie comercial del complejo.
Según sostienen los denunciantes, dichas actuaciones presuntamente realizadas tanto en la azotea como en zonas interiores podrían suponer una alteración de la edificabilidad del centro, generando además un posible escenario de competencia desleal. A su juicio, el incremento de metros destinados a la actividad comercial otorgaría una ventaja económica frente a otros negocios del entorno.
La intervención del Ayuntamiento de Arona, que habría ordenado el precinto de parte de las obras, no ha logrado disipar la controversia. Siempre según las versiones de los denunciantes, algunas actuaciones habrían sido paralizadas, mientras que otras podrían haber continuado, lo que ha dado pie a sospechas de un posible incumplimiento de las medidas adoptadas.
En paralelo, comienzan a surgir dudas en torno a la gestión municipal del caso. Empresarios implicados señalan, de forma presunta, una falta de información sobre el estado de los expedientes y el alcance de las decisiones adoptadas. Esta situación ha abierto interrogantes sobre si el consistorio podría haber tenido conocimiento previo de los hechos o si su actuación ha sido la adecuada desde el punto de vista administrativo, una cuestión que, por el momento, no ha sido aclarada públicamente.
A este escenario se suma un contexto económico que añade más presión al conflicto. Algunos operadores del propio centro habrían manifestado, también de forma presunta, un endurecimiento en las condiciones de arrendamiento desde el cambio de propiedad, lo que habría incrementado el malestar en el tejido empresarial de la zona.
Por su parte, la entidad gestora del centro comercial ha defendido que las actuaciones cuentan, supuestamente, con cobertura urbanística y que el asunto se encuentra en proceso de revisión por las vías administrativas correspondientes, insistiendo en que no existe ninguna ilegalidad firme declarada.
Así, el llamado “caso Safari” permanece abierto y rodeado de incógnitas. Más allá de la cuestión estrictamente urbanística, el debate gira ahora en torno a la transparencia, el control y la actuación de las instituciones en un enclave clave del sur de Tenerife. Todo ello, a la espera de que las investigaciones y resoluciones pertinentes permitan esclarecer, con las debidas garantías, lo ocurrido.
