La decisión de mantener el tributo mientras se resuelve el recurso ante el Tribunal Supremo abre un nuevo frente político por el posible impacto económico que podría tener para las arcas municipales.
Soldecanarias.net / Mogán
La continuidad del cobro de la tasa turística en Mogán, pese a la reciente anulación de la ordenanza por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha intensificado el debate político en el municipio y ha generado nuevas advertencias sobre las posibles consecuencias económicas que podría afrontar el Ayuntamiento si la resolución judicial acaba siendo confirmada de forma definitiva.
Las críticas se centran en la decisión del gobierno municipal de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo y mantener vigente la aplicación del tributo mientras se resuelve el procedimiento. Quienes cuestionan esta estrategia consideran que prolongar el cobro podría derivar en un importante coste para las cuentas municipales si finalmente fuera necesario devolver las cantidades recaudadas, además de asumir intereses, gastos administrativos y otros costes asociados.
Ante este escenario, también se plantea la posibilidad de promover acciones para exigir responsabilidades patrimoniales en caso de que se determine que la continuidad de la medida ha provocado un perjuicio económico para el municipio. La intención sería evitar que las consecuencias financieras recaigan sobre las arcas públicas si se acreditara una actuación contraria a derecho.
La controversia se produce después de que la Justicia concluyera que la figura tributaria aprobada por el Ayuntamiento no reunía las características exigidas legalmente para ser considerada una tasa, al entender que no existía una vinculación directa entre el importe exigido y la prestación de un servicio específico a quienes la abonaban.
Además del debate jurídico, la situación genera incertidumbre entre los establecimientos turísticos, que deberán seguir gestionando el cobro del tributo mientras el proceso judicial continúa abierto. Esta circunstancia podría obligar a realizar futuras devoluciones en caso de que la anulación sea confirmada por la máxima instancia judicial.
En paralelo, se ha propuesto suspender cautelarmente la aplicación de la tasa hasta que exista una resolución firme, revisar las previsiones económicas del presupuesto municipal y estudiar alternativas de financiación para garantizar la estabilidad de las cuentas públicas sin comprometer la prestación de los servicios municipales.
El futuro de la tasa turística de Mogán queda ahora pendiente de la decisión que adopte el Tribunal Supremo, cuyo pronunciamiento marcará el desenlace de un procedimiento que podría tener importantes repercusiones tanto jurídicas como económicas para el municipio.
