La plataforma de La Cruz Santa denuncia los riesgos que atribuye a la instalación de propano y cuestiona que el Gobierno de Canarias siga adelante con el proyecto pese a la oposición unánime del Ayuntamiento.
soldecanarias.net / Redacción
La oposición a la futura planta de gas propano prevista en La Cruz Santa, en Los Realejos, continúa ganando apoyos. La plataforma vecinal contraria al proyecto ha reunido ya 6.150 firmas para reclamar que se paralice una instalación que considera una amenaza para la seguridad, la salud y el entorno del Valle de La Orotava.
La preocupación de los residentes ha aumentado tras la publicación, el pasado 2 de octubre, de varios anuncios relacionados con la iniciativa en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Los vecinos temen que el proyecto siga avanzando pese al rechazo expresado por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento realejero.
La polémica también ha evidenciado diferencias dentro del Partido Popular. Mientras el Gobierno autonómico continúa tramitando la instalación desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía, el vicepresidente regional Manuel Domínguez ha animado a los afectados y al Consistorio a recurrir las decisiones adoptadas.
La plataforma cuestiona la necesidad de una infraestructura basada en combustibles fósiles en un contexto de transición hacia energías más limpias. Entre sus principales preocupaciones figuran las dimensiones de la instalación, el carácter inflamable del propano y las posibles emisiones contaminantes, además de la cercanía de viviendas y centros educativos como el IES Cruz Santa y el CEIP Mencey Bentor.
Los residentes advierten también de las posibles consecuencias para los cultivos y la calidad del aire en el Valle de La Orotava, donde las condiciones atmosféricas pueden favorecer la acumulación de contaminación.
Pese a la incertidumbre sobre las posibilidades de frenar el proyecto, los vecinos aseguran que mantendrán las movilizaciones y la recogida de apoyos. Su mensaje es claro: «Con nuestra salud y medio de vida no se juega», una reivindicación con la que reclaman que se escuche a la población antes de continuar adelante con la planta.
