La formación critica la negativa parlamentaria a divulgar los beneficiarios de las subvenciones concedidas tras la erupción del Tajogaite y advierte de un retroceso en materia de transparencia pública.
Soldecanarias.net / La Palma
Contigo La Palma ha cuestionado la decisión adoptada por la mayoría que respalda al Gobierno de Canarias en el Parlamento regional de rechazar la publicación de la relación completa de beneficiarios de las ayudas destinadas a paliar los daños provocados por la erupción del volcán Tajogaite. La formación considera que la medida dificulta el control ciudadano sobre el destino de los fondos públicos movilizados tras la emergencia.
El presidente del partido, Javier Gutiérrez Taño, sostuvo este miércoles que la ciudadanía tiene derecho a conocer tanto las personas o entidades que han recibido estas ayudas como los criterios empleados para determinar las cuantías concedidas. A su juicio, la transparencia en la gestión de recursos públicos constituye una obligación democrática y un elemento esencial para reforzar la confianza en las instituciones.
La controversia surge después de que el Parlamento de Canarias rechazara una iniciativa encaminada a hacer pública la información relativa a los beneficiarios de estas subvenciones. La propuesta no prosperó debido al voto contrario de los grupos que sustentan al Ejecutivo autonómico, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, junto con el apoyo de ASG y AHI.
Contigo La Palma sostiene que tanto la legislación estatal en materia de subvenciones como diversas normativas europeas establecen obligaciones de publicidad respecto a la distribución de fondos públicos. Además, la formación cuestiona que las restricciones invocadas por el Gobierno autonómico puedan prevalecer sobre disposiciones de rango superior relacionadas con la transparencia y el acceso a la información.
El partido también ha mostrado preocupación por la decisión del Ejecutivo canario de recurrir ante los tribunales una resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias que instaba a facilitar dichos datos. Para Gutiérrez Taño, este enfrentamiento institucional refleja una discrepancia de fondo sobre los límites del derecho ciudadano a fiscalizar la actuación de las administraciones públicas.
La discusión se ha visto reforzada por los informes emitidos por los servicios jurídicos del Parlamento, que, según recuerda la formación, cuestionan los argumentos utilizados para justificar la negativa a divulgar la información solicitada. Pese a ello, la mayoría parlamentaria mantuvo su posición durante el debate celebrado esta semana.
El caso reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección de datos personales y las exigencias de transparencia en la gestión de ayudas públicas, especialmente en contextos excepcionales como el proceso de reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica de 2021, uno de los mayores desafíos económicos y sociales afrontados por la isla en las últimas décadas.
