El Ministerio Público considera que Navarro Tacoronte, ‘Tito Berni’ y Taishet Fuentes lideraron una red que intercambiaba favores políticos, contratos y subvenciones por dinero, regalos y otros beneficios
Soldecanarias.net / Redacción
La investigación del denominado caso Mediador encara una nueva fase con la solicitud formal de apertura de juicio oral presentada por la Fiscalía. En su escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que la presunta trama de corrupción operó entre 2020 y 2021 utilizando contactos políticos e institucionales para favorecer a empresarios a cambio de contraprestaciones económicas y otros beneficios.
La petición más elevada recae sobre Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el Mediador, para quien se solicitan 13 años de prisión por delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La Fiscalía lo sitúa como una pieza clave en la captación de empresarios y en la articulación de los mecanismos de cobro y reparto de las comisiones.
Junto a él figuran como principales acusados el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, popularmente conocido como ‘Tito Berni’, para quien se piden ocho años de cárcel, y su sobrino, el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, que afronta una solicitud de once años de prisión.
Según el relato de la acusación, la red se aprovechaba de la posición institucional de algunos de sus integrantes para ofrecer supuestas ventajas administrativas, agilización de expedientes, acceso a subvenciones y oportunidades de negocio. Como parte de esa estrategia, los empresarios eran invitados a encuentros y visitas institucionales destinadas a reforzar la apariencia de influencia y capacidad de gestión de la organización.
La Fiscalía también dirige su acusación contra el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. En su caso, solicita dos años de prisión por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, al considerar que utilizó su posición para facilitar oportunidades comerciales a cambio de contraprestaciones.
Además de los responsables políticos y los intermediarios, el procedimiento incluye a varios empresarios que, según el Ministerio Público, participaron activamente en el pago de dádivas o en la obtención de beneficios irregulares. Las penas solicitadas oscilan entre los diez meses y los cuatro años y medio de prisión, dependiendo del grado de implicación atribuido a cada acusado.
La acusación sostiene que una parte de los fondos obtenidos mediante estas prácticas se destinó a sufragar gastos personales de los integrantes de la trama, incluyendo viajes, alojamientos, restauración y otros servicios. Asimismo, describe una estructura organizada para canalizar los pagos a través de terceros y dificultar el rastreo del dinero.
Con la presentación de este escrito, la causa avanza hacia la fase decisiva del proceso judicial. Será ahora el juzgado el que determine la apertura del juicio oral, donde las acusaciones deberán demostrar la existencia de una organización criminal destinada a obtener beneficios económicos mediante el uso indebido de influencias políticas y administrativas.
