Un informe impulsado por Visocan concluye que el Archipiélago dispone de capacidad urbanística suficiente sin recalificar terreno, aunque la burocracia, los costes y la lentitud administrativa frenan la construcción
Soldecanarias.net / Redacción
Canarias no necesita más suelo para construir viviendas. Lo que le falta, según un informe elaborado por el Observatorio Canario de la Vivienda, es capacidad real para convertir ese suelo disponible en hogares accesibles en un mercado tensionado por la escasez, la especulación y el aumento sostenido de la demanda.
El estudio, promovido por la empresa pública Visocan, concluye que el Archipiélago cuenta actualmente con más de 41.800 parcelas catalogadas como suelo urbano consolidado con potencial residencial. La cifra permitiría levantar alrededor de 125.000 viviendas sin necesidad de recalificar nuevos terrenos, una capacidad que supera ampliamente el déficit habitacional acumulado durante los últimos años.
La investigación, elaborada a partir de datos urbanísticos y catastrales mediante sistemas de información geográfica, desmonta uno de los argumentos recurrentes del debate inmobiliario en Canarias: la supuesta falta de suelo edificable. El problema, sostiene el informe, aparece después, cuando entran en juego los procesos administrativos, la complejidad normativa y el incremento de los costes de construcción.
Pese a que la actividad edificadora ha comenzado a recuperarse desde 2023, el ritmo de nuevas promociones sigue lejos del registrado antes de la crisis financiera de 2008. Y eso ocurre en un contexto de fuerte presión sobre el mercado residencial, especialmente en las áreas metropolitanas y turísticas de Tenerife y Gran Canaria, donde se concentra buena parte de la capacidad edificatoria detectada.
El Observatorio advierte de que la lentitud en la concesión de licencias urbanísticas y las dificultades de gestión por parte de muchas administraciones locales continúan siendo algunos de los principales cuellos de botella para aumentar la oferta de vivienda. A ello se suma el encarecimiento de materiales y de los costes de ejecución, que ha reducido la viabilidad económica de numerosos proyectos.
En este escenario, el Gobierno canario confía en que las recientes medidas de agilización urbanística permitan desbloquear parte del problema. Entre ellas figura el decreto ley aprobado para acelerar licencias y facilitar la intervención de entidades urbanísticas colaboradoras, fórmulas con las que se pretende reducir tiempos administrativos y acelerar la construcción.
El informe también ofrece una radiografía detallada del tipo de vivienda que podría desarrollarse. De las 125.000 unidades estimadas, más de 114.000 corresponderían a vivienda plurifamiliar, mientras que cerca de 11.000 serían unifamiliares.
Sin embargo, el diagnóstico sobre el acceso a la vivienda en Canarias no se limita al suelo disponible. Las islas mantienen alrededor de 200.000 viviendas vacías, mientras el fenómeno de la concentración de propiedad inmobiliaria sigue creciendo. Las dos capitales canarias registran actualmente algunos de los mayores niveles de multiarrendadores de todo el país, en un mercado donde cada vez más viviendas quedan fuera del acceso residencial tradicional.
La paradoja resume buena parte del problema habitacional del Archipiélago: existe suelo para construir, viviendas cerradas y demanda creciente, pero el sistema sigue siendo incapaz de conectar las tres piezas.
