Ante el silencio de Moncloa, el Gobierno regional eleva un contencioso administrativo para resolver la saturación de centros de acogida y definir responsabilidades.
Soldecanarias.net / Adeje
El Gobierno de Canarias ha dado un nuevo paso en su disputa jurídica con el Ejecutivo central sobre la responsabilidad en la atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas del archipiélago en pateras y cayucos.
El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido este jueves, aprobó un contencioso administrativo que fue remitido a la Abogacía del Estado. La medida, explicada por el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, responde al silencio del Gobierno central tras un requerimiento oficial cursado en octubre. Este documento solicitaba que Moncloa asumiera la tutela de los menores migrantes, una carga que la Comunidad Autónoma considera desproporcionada y mal gestionada.
En 2024, más de 6.100 menores no acompañados llegaron a las costas canarias, de los cuales 5.500 permanecen en centros de acogida gestionados por la comunidad, muchos de ellos al límite de su capacidad. Cabello calificó la situación como “insostenible”, subrayando que los recursos disponibles no son suficientes para garantizar una atención adecuada a los menores, quienes se encuentran en un estado de alta vulnerabilidad.
“La saturación de los centros y la falta de respuesta por parte del Gobierno central están poniendo en riesgo el bienestar de los menores y la capacidad del archipiélago para gestionar esta crisis migratoria”, advirtió el portavoz.
El conflicto pone de manifiesto las tensiones entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo nacional, así como las dificultades para coordinar la gestión migratoria en un contexto de flujos crecientes hacia las Islas.
Canarias insiste en que, conforme a la legislación vigente, la responsabilidad de atender a estos menores debe ser compartida entre todas las comunidades autónomas, y no recaer exclusivamente en el archipiélago. Desde el Gobierno regional esperan que el recurso contencioso administrativo sirva para clarificar las competencias y establecer un mecanismo más equitativo de distribución de menores migrantes en el territorio nacional.
Mientras tanto, organizaciones sociales han manifestado su preocupación por las condiciones en las que los menores están siendo atendidos y urgen una solución que priorice sus derechos y bienestar. El debate sigue abierto, con la expectativa de que el litigio eleve la discusión a un nivel político y judicial que permita alcanzar un acuerdo sostenible y justo.
