Como ocurre con el ‘caso mediador’ tanto la consejera como el presidente Ángel Víctor Torres eran conocedores de esta situación generada por parte del consejero director
La Inspección de Trabajo ha llamado a declarar el próximo lunes a Alicia Vanoostende, conejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias y a Pablo Zurita, consejero director de la empresa dependiente de esta consejería, Gestión del Medio Rural de Canarias, GMR por una supuesta situación reiterada de acoso laboral por parte de este último a un grupo de trabajadores.
Las denuncias se plasmaron en diferentes cartas de los empleados en las que ponían de manifiesto que el consejero delegado de GMR venía desde 2021 sometiéndolos a continuas vejaciones, humillaciones y persecuciones.
Las cartas fueron enviadas a la consejera y al propio presidente del Gobierno, ambos conocedores por tanto de esta situación «y nunca hicieron nada de nada».
Las misivas también fueron entregadas a los diferentes responsables que componen el consjeo de administración de GMR sin que ninguno de ellos haya hecho nada por interesarse.
Los supuestos casos de mobbing perpetrados por Zurita han concluido en las bajas laborales de muchos empleados de GMR con el diagnóstico de estrés, depresión. De hecho existe un informe de una psicóloga de la empresa que recomienda «la urgente revisión de esos casos por «peligro de depresión y cuadros de ansiedad continuados entre el colectivo».
Los trabajadores denuncian que Zurita los ha sometido a todo tipo de vejaciones, asilamiento social, amenazas, abuso de poder y cambios constantes de responsabilidades y funciones para desequilibrar al equipo.
Es curioso que tras salir a la luz el ‘Caso Mediador’, en el que afirma que el presidente del gbierno de Canarias y la consejera de Agricultura eran conocedores de la trama, esta semana la Inspección de Trabajo haya realizado una visita a GMR para entrevistar a los empleados que ha concluido con la citación de los responsables públicos el próximo lunes.
Además, tal y como se ha hecho público, en los documentos requisados por la policía nacional a Taishet Fuentes se hallaban anotaciones de puño y letra de contratos, certificados y cargos a GMR.
Los trabajadores describen que Zurita comenzó a tener ese comportamiento desde que accede a su puesto en 2020, pero que se fue agravando ante la negativa de estos a firmar y ejecutar contratos y proyectos en contra de la ley a sabiendas de que eran negativos para la empresa.
Entre estos proyectos llama la atención una plataforma de venta de productos agroalimentarios de Canarias en el exterior que ha costado más de un millón de euros a las arcas públicas y que se encuentra ahora mismo en los juzgados por pagos injustificados y paralización del mismo por parte de Zurita.
Los empleados argumentan que Zurita los castigaba cambiándolos de puesto laboral si no informábamos positivamente ciertos contratos de servicios a empresas afines a sus intereses privados.
Ante la negativa de estos, el consejero delegado contrató los servicios de un consultor externo para llevar a cabo coacciones hacia los trabajadores con el fin de conseguir su objetivo. Los trabajadores piden que se haga justicia y que esto no vuelva a ocurrir y que los responsables políticos no miren hacia otro lado cuando pasen estas cosas.
