Artículo de Opinión por Mohamed Jamil Derbah, Presidente de Fuerza Canaria:
La situación de la vivienda en Canarias sigue siendo una de las problemáticas más urgentes y desafiantes que enfrenta nuestra sociedad. Aunque la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Canarias reconocen el acceso a la vivienda como un derecho fundamental, en la práctica, este derecho se encuentra profundamente vulnerado por una serie de factores que agravan la crisis habitacional que padecen miles de canarios y canarias.
La escalada desmesurada de los precios de alquileres, la falta de vivienda accesible y el aumento poblacional descontrolado han exacerbado una situación que ya venía siendo delicada. En muchas zonas del Archipiélago, el mercado inmobiliario ha alcanzado niveles de tensión inaguantables, y la vivienda, en lugar de ser una necesidad básica, se ha convertido en un lujo que pocos pueden permitirse.
Uno de los grandes desafíos es la escasa construcción de viviendas protegidas en las últimas dos décadas. A pesar de los esfuerzos recientes, el ritmo de desarrollo de viviendas asequibles sigue siendo insuficiente para hacer frente a la demanda. Canarias, de hecho, es la comunidad autónoma que menos viviendas ha construido en este período, lo que ha dejado a miles de familias en una situación de vulnerabilidad. Para que las generaciones futuras puedan tener acceso a una vivienda digna, debemos pensar en soluciones a largo plazo, pero con la urgencia que el problema requiere.
A ello se añade una situación paradójica: más de 200.000 viviendas vacías en las Islas, muchas de ellas propiedad de grandes tenedores, que se mantienen desocupadas sin ofrecer ninguna respuesta al grave déficit habitacional. El miedo a los incumplimientos de pago y a los problemas con los inquilinos no puede seguir justificando que estas propiedades permanezcan inactivas, mientras tantas familias luchan por encontrar un lugar donde vivir. De igual forma, el crecimiento desmesurado de los alquileres turísticos sigue desplazando a la población local, encareciendo aún más el acceso a viviendas en las zonas más demandadas, como las zonas urbanas de Tenerife y Gran Canaria.
Este panorama no solo afecta a los jóvenes que intentan emanciparse, sino que también está poniendo en riesgo la estabilidad de muchas familias de clase media y trabajadora. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, las políticas públicas no sean lo suficientemente ambiciosas para erradicar este problema de raíz.
El llamado a la acción no es una novedad, pero las soluciones siguen siendo insuficientes. La reciente propuesta de Nueva Canarias-Bloque Canarista, que busca reformar la Ley de Vivienda de Canarias de 2003, es un paso en la dirección correcta, pero la clave está en la voluntad política de aplicar medidas efectivas. No basta con debatir sobre la necesidad de viviendas sociales, se debe actuar con urgencia y establecer incentivos claros para que los propietarios de viviendas vacías las pongan a disposición del mercado de alquiler.
La creación de un sistema de prestaciones económicas que garantice el acceso a la vivienda para las familias vulnerables, como el propuesto en la ley vasca de 2015, es otro ejemplo de una medida que puede marcar la diferencia. De igual manera, la promoción de cooperativas de viviendas y modelos colaborativos es fundamental para aliviar la presión sobre el mercado.
El tiempo de la espera ha terminado. El actual Gobierno de Canarias tiene una responsabilidad crucial: dejar atrás la pasividad y asumir que el derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses especulativos. La solución no llegará solo con palabras, sino con decisiones políticas que transformen la realidad de miles de canarios que viven atrapados por la crisis habitacional.
No podemos seguir mirando hacia otro lado. Las instituciones deben trabajar juntas, con un enfoque integral y a largo plazo, para garantizar que todos los ciudadanos de Canarias puedan acceder a una vivienda digna, sin que este derecho dependa de su poder adquisitivo o de la ubicación de la propiedad. Solo así podremos construir una sociedad más justa, cohesionada y equitativa para las generaciones venideras.
Mohamed Jamil Derbah (Presidente de Fuerza Canaria)
