La controversia gira en torno a una factura ligada a campañas asociadas a las Fiestas de la Señora de Fátima y el Día de Canarias
Soldecanarias.net / Arona
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Ayuntamiento de Arona al abono de una cantidad derivada de servicios de publicidad institucional prestados en mayo de 2023, en un contexto especialmente sensible por su proximidad a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023.
El fallo adquiere especial relieve por dos motivos: por un lado, porque la propia sentencia utiliza expresiones llamativas al describir la situación como un “contrato verbal de servicios” en el que “se han omitido los trámites esenciales” del procedimiento administrativo. Por otro, porque según un informe municipal “no consta documentación ni expediente del servicio realizado” y resulta “inviable vincularlo a los actos y eventos” del Ayuntamiento, añadiendo que, al tratarse de una factura de la legislatura anterior, “se hace imposible la justificación”.
El contrato se formalizó semanas antes del 28-M
El contrato marco de campañas de publicidad fue adjudicado el 21 de marzo de 2023 y formalizado el 20 de abril de 2023, es decir, poco más de un mes antes de la cita electoral del 28-M. En aquel momento, el Ayuntamiento estaba encabezado por José Julián Mena.
La controversia gira en torno a una factura ligada a campañas asociadas a las Fiestas de la Señora de Fátima y el Día de Canarias, con una campaña fechada “del 16 al 30 de mayo de 2023”.
Condena al pago por “enriquecimiento injusto”
Pese a las deficiencias documentales que recoge el expediente y al lenguaje empleado (“omisión de trámites esenciales”), la sentencia termina reconociendo el derecho del proveedor a percibir una cantidad, aplicando la doctrina del enriquecimiento injusto (para evitar que la Administración se beneficie de una prestación recibida sin pagarla). En ese marco, el órgano judicial fija un importe reconocido de 36.208,80 euros (más intereses).
Una vez más, el actual Gobierno municipal se ve obligado a hacer frente a las consecuencias de una gestión deficiente del PSOE, marcada por decisiones adoptadas sin garantías administrativas y en un contexto preelectoral especialmente sensible. Un legado económico y de prácticas irregulares que hoy tiene coste para las arcas públicas, aunque quienes lo provocaron prefieran mirar hacia otro lado.
