Casi 12 meses de contaminación fecal, desinformación, cloro y una investigación penal resumen el colapso ambiental de una de las playas más emblemáticas del norte de Tenerife
Soldecanarias.net / Puerto de la Cruz
Tras 347 días de bandera roja, bañistas esquivos, malos olores y cifras alarmantes de contaminación fecal, Playa Jardín se prepara para reabrir al baño. Lo que empezó como un problema técnico se ha convertido en un escándalo político, sanitario y ambiental que ha sacudido al Puerto de la Cruz y ha dañado su imagen turística y social.
El foco del desastre está en una vieja conocida: una fisura en el emisario submarino de Punta Brava, desde donde se vierten las aguas depuradas del Valle de La Orotava. A pesar de que los informes advertían desde 2022 del deterioro de la calidad del agua, la situación estalló en junio de 2024, cuando Salud Pública desaconsejó oficialmente el baño tras detectar niveles excesivos de bacterias fecales como E.coli y Enterococos.
Las consecuencias no tardaron en notarse: una playa cerrada de facto, cientos de negocios afectados, pérdida de confianza vecinal, y una investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente para determinar si hubo delito por vertidos ilegales. Las cifras asustan: en algunas muestras tomadas cerca del emisario, se llegaron a registrar hasta 68.000 unidades bacterianas de E.coli por cada 100 ml de agua, cuando el límite “suficiente” es de 500.
Mientras las obras de reparación se retrasaban o quedaban desiertas, el agua seguía saliendo al mar sin el tratamiento adecuado. En paralelo, se utilizó hipoclorito sódico y sosa cáustica para contener los efectos de la contaminación, disparando el gasto público. Solo en 2023, se compraron más de 180.000 kilos de lejía para mantener a raya los patógenos.
La empresa responsable del mantenimiento, FCC Aqualia, pidió una ampliación presupuestaria. El Cabildo lo autorizó mientras licitaciones clave como la rehabilitación del emisario quedaban vacías. Solo en julio de este año está previsto sacar a concurso el proyecto más importante: una nueva estación depuradora comarcal valorada en 25 millones de euros.
Desde la plataforma ciudadana Stop Vertidos al Mar, los vecinos denuncian que la raíz del problema es “la conexión de más municipios a una depuradora insuficiente sin ampliarla previamente”. Además, exigen que la reapertura venga acompañada de limpieza de la arena y vigilancia permanente. “Playa Jardín no es solo una playa, es nuestro símbolo, nuestro refugio y nuestra fuente de vida”, insisten.
Las administraciones Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias han defendido su gestión en medio de acusaciones cruzadas y una creciente presión social. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha reconocido públicamente que el problema se conocía desde mucho antes del cierre oficial y que hubo omisiones graves.
La Fiscalía, por su parte, ultima las diligencias para decidir si presenta denuncia por vertidos contaminantes con riesgo para la salud pública. Si se identifican responsables, podrían enfrentarse a penas de prisión, multas e inhabilitación.
La reapertura inminente de Playa Jardín, anunciada por el Ayuntamiento, es recibida con alivio, pero también con cautela. La ciudadanía sabe que el verdadero reto no está en volver a entrar al agua, sino en garantizar que este episodio no se repita.
