La Policía Canaria arresta a tres educadores en Puerto de la Cruz dentro de la ‘Operación Cábila’, que investiga presuntos malos tratos en recursos gestionados por la ONG Quorum Social 77.
Soldecanarias.net / Puerto de la Cruz
La Cuerpo General de la Policía Canaria ha detenido a tres educadores durante el registro de un centro de menores migrantes ubicado en Puerto de la Cruz (Tenerife), en el marco de la denominada ‘Operación Cábila’, una investigación judicial abierta en 2024 por presuntos malos tratos a menores no acompañados en distintos recursos de Canarias.
La causa está dirigida por el Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria y se centra en centros gestionados por la ONG Quorum Social 77. Según ha informado la Consejería de Seguridad del Gobierno de Canarias, la investigación continúa bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas detenciones.
Fuentes oficiales han precisado que los tres trabajadores arrestados ya no desempeñaban funciones en el recurso en el momento de su detención. Asimismo, fuentes judiciales han confirmado que, por ahora, no se ha ordenado el cierre del centro, en el que permanecen alojados alrededor de 130 menores, según datos de la Dirección General de Protección a la Infancia.
Antecedentes de la investigación
Estos arrestos se suman a otros once practicados en el transcurso de la investigación, entre ellos el de la presidenta de la ONG. En julio de 2025, la Policía Nacional registró la sede de Quorum en Las Palmas de Gran Canaria, y meses después actuó en un centro de menores en Puerto del Rosario.
En el verano de 2025, el juzgado instructor ordenó el desalojo de dos centros de acogida en Gran Canaria —Fortaleza I (Bandama) y el centro de la playa del Cabrón, en Arinaga— tras apreciar “numerosas evidencias y testimonios” sobre presuntos delitos de lesiones, amenazas, omisión del deber de impedir delitos y contra la integridad moral.
Actuación administrativa y situación actual
La directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, ha señalado que cuando su departamento tuvo conocimiento de los hechos los puso en manos de la autoridad judicial y requirió a la entidad que apartara cautelarmente a los trabajadores investigados. Según indicó, estos fueron suspendidos y posteriormente despedidos.
Sobre una eventual rescisión de contratos con la ONG, Rodríguez ha afirmado que se actuará en función de lo que determine la resolución judicial y de la reorganización de los recursos en el contexto de la emergencia migratoria que afronta el archipiélago desde 2020, prorrogada en varias ocasiones ante el aumento de llegadas de menores no acompañados.
El centro registrado continúa operativo. Desde el Ejecutivo autonómico subrayan que el recurso “funciona correctamente” y que las personas detenidas ya no forman parte de la plantilla. La investigación judicial sigue abierta.
