El Cabildo insular alega que la concentración contra la masificación turística “pone en riesgo la naturaleza”, mientras activistas denuncian censura del derecho a la protesta
Soldecanarias.net /Redacciòn
El conflicto entre conservación ambiental y turismo masivo ha estallado en las Islas Canarias. El Cabildo de Tenerife ha solicitado oficialmente al Gobierno central que prohíba una protesta convocada por colectivos ciudadanos en el Parque Nacional del Teide, prevista para el 7 de junio. La manifestación, organizada por la plataforma “Canarias tiene un límite”, busca denunciar el deterioro ecológico del espacio natural más visitado de España con más de 4,4 millones de visitantes en 2023 y la falta de políticas efectivas para protegerlo frente a los efectos del turismo de masas.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha afirmado que “el Teide no es un manifestódromo” y que la protesta es, en sí misma, “una contradicción ecológica”. “No se puede defender la naturaleza forzando sus límites”, declaró ante los medios, al tiempo que anunció que el área de Medio Ambiente solicitará que la Delegación del Gobierno deniegue el permiso de concentración por “riesgo ambiental”.
El colectivo organizador ha respondido exigiendo respeto a su derecho a manifestarse y asegurando que la acción será simbólica y completamente respetuosa con el entorno: sin megáfonos, sin consignas, sin pisar zonas protegidas. El objetivo es informar a los turistas sobre las consecuencias visibles del turismo descontrolado: colapsos de tráfico, basura, drones ilegales, y hasta barbacoas dentro del Parque.
La situación ha generado repercusión más allá de Canarias. Expertos internacionales y organizaciones medioambientales han comenzado a cuestionar la compatibilidad entre las políticas turísticas actuales y la conservación de espacios naturales protegidos, alertando de una “globalización del ecocolapso”.
Mientras tanto, el Cabildo defiende su plan de imponer una ecotasa turística y limitar el acceso al Parque como parte de una estrategia de “turismo responsable”. Para los activistas, sin embargo, la censura de la protesta pública es un síntoma de un modelo de gestión que prioriza los ingresos económicos por encima de la sostenibilidad ecológica.
El caso del Teide podría convertirse en un referente global sobre cómo gestionar la creciente tensión entre ecoturismo y protección del patrimonio natural, en un momento en que muchos parques nacionales, dentro y fuera de Europa, se ven desbordados por su propio éxito.
