El Cabildo, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, aprueba un nuevo recargo al combustible destinado a la protección medioambiental mientras mantiene su negativa a una tasa turística
Soldecanarias.net / Redacciòn
l Cabildo de Tenerife dará luz verde mañana a la aplicación del denominado “céntimo forestal”, un nuevo recargo sobre los combustibles con el que pretende financiar acciones de conservación y prevención ambiental. La medida, impulsada por el grupo de gobierno insular formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), saldrá adelante pese a las alegaciones presentadas por ciudadanos, entidades y varios ayuntamientos, entre ellos Santiago del Teide, gobernado por el propio PP.
Con esta decisión, Tenerife se suma a Gran Canaria como las únicas islas del archipiélago que han optado por aplicar este recargo, que permite añadir hasta 0,02 euros por litro de carburante dentro de la exacción fiscal ya existente en la Comunidad Autónoma. Según las estimaciones, si todos los cabildos se adhirieran, la recaudación anual podría superar los 30 millones de euros, fondos que se destinarían a la lucha contra los efectos del cambio climático en Canarias.
La iniciativa del “céntimo forestal” se remonta a 2024, cuando un panel de 17 expertos del Consejo de la Agenda Canaria 2030 en el marco del grupo Paisajes forestales resilientes y seguros propuso este instrumento financiero para reforzar la gestión forestal. La propuesta fue elaborada por técnicos del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y la Asociación de Profesionales Forestales (PROFOR) Canarias.
Sin embargo, la oposición insular, encabezada por el PSOE de Tenerife, ha calificado la medida como una “subida encubierta de impuestos” a los tinerfeños. Los socialistas recuerdan que tanto Rosa Dávila como Coalición Canaria prometieron durante la campaña electoral de 2023 reducir el IGIC, un compromiso que —afirman— “no solo no se ha cumplido, sino que se contradice con decisiones como esta”.
El nuevo impuesto llega en un contexto de creciente malestar ciudadano por el incremento del coste de vida y los problemas de movilidad en la isla, con frecuentes colapsos en vías como la TF-1, donde miles de vehículos sufren retenciones diarias. Pese a ello, el gobierno insular mantiene su negativa a introducir una tasa turística que recaería sobre los visitantes, optando en su lugar por una medida que afecta directamente al consumo local.
