Por Mohamed Jamil Derbah, Presidente de Fuerza Canaria
En los últimos días, el debate político en torno a la gestión migratoria ha alcanzado un punto álgido, especialmente tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para la cesión de competencias en materia de inmigración. Esta decisión ha generado inquietud en territorios como Canarias, que llevan años reclamando soluciones estructurales para hacer frente a la llegada de migrantes, en particular de menores no acompañados.
Canarias, por su situación geográfica, ha sido históricamente una de las principales puertas de entrada de la migración hacia Europa. El incremento de llegadas ha puesto a prueba nuestra capacidad de acogida, generando una situación de saturación en los centros destinados a la atención de menores migrantes. Ante esta realidad, la respuesta no puede ser la improvisación ni el desgaste político entre administraciones. Es urgente una estrategia coordinada y un compromiso real por parte de todas las instituciones para garantizar el bienestar de estos niños y niñas.
El Gobierno de Canarias ha hecho grandes esfuerzos para atender la situación, con la apertura de nuevos centros y la optimización de los recursos disponibles. Sin embargo, el modelo actual ha llegado a un límite y requiere ajustes estructurales. La principal demanda de Canarias ha sido una modificación normativa que permita una distribución equitativa de menores entre las comunidades autónomas cuando un territorio supere su capacidad de acogida. Sin embargo, mientras esta reforma sigue sin materializarse, el reciente acuerdo con la Generalitat de Cataluña plantea dudas sobre el criterio utilizado para priorizar determinadas cesiones de competencias.
A su vez, es fundamental que cualquier reforma legal o acuerdo político sobre migración se realice con la debida seguridad jurídica y con una visión integral del fenómeno. No podemos permitir que las soluciones se adopten de forma fragmentada o respondiendo a coyunturas políticas inmediatas. La gestión migratoria exige altura de miras y un enfoque a largo plazo que tenga en cuenta tanto la situación de los migrantes como la capacidad de respuesta de las administraciones locales, insulares y estatales.
La migración ha sido, es y será una realidad que no podemos ignorar ni gestionar con parches temporales. Canarias no puede seguir siendo el único territorio que asuma una carga desproporcionada, ni tampoco podemos obviar la necesidad de un plan nacional que contemple medidas estructurales y sostenibles. Apostemos por el diálogo, por el entendimiento y, sobre todo, por una política migratoria basada en la responsabilidad compartida. Solo así garantizaremos un futuro digno tanto para quienes llegan en busca de oportunidades como para nuestra propia sociedad.
