El Ministerio Público investiga un posible delito medioambiental tras un año de contaminación en una de las playas más emblemáticas del norte de Tenerife.
Soldecanarias.net / Puerto de la Cruz
La Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia contra seis responsables políticos por su supuesta implicación en los vertidos de aguas residuales que mantuvieron cerrada Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, durante casi un año. El caso podría derivar en un proceso penal por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, según lo previsto en el artículo 325 del Código Penal.
Entre los denunciados se encuentran el exalcalde Marco Antonio González (PSOE), el actual concejal David Hernández y el edil Alberto Cabo, ambos de Asamblea Ciudadana Portuense. A nivel insular, figuran la consejera de Sostenibilidad del Cabildo, Blanca Pérez (Coalición Canaria), el gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara, y el exconsejero de Turismo, Alberto Bernabé Teja.
Bañarse en condiciones peligrosas
Las investigaciones arrancaron tras un año de resultados preocupantes en los análisis de agua, que revelaban niveles anómalos de bacterias fecales como E.coli y Enterococos intestinales, en algunos casos hasta cuatro veces por encima del límite permitido. A pesar de ello, el baño no fue formalmente prohibido hasta mediados de 2025, lo que generó confusión entre residentes y turistas.
Un informe de Salud Pública fechado en junio de 2024 ya alertaba de que los valores bacterianos eran «incompatibles con una calidad de agua aceptable», exponiendo a los bañistas a posibles riesgos sanitarios graves, como infecciones gastrointestinales, respiratorias o incluso meningitis.
El origen del problema: un emisario roto
La raíz del vertido, según apuntan varios informes técnicos, estaría en una fisura en el emisario submarino de Punta Brava, activo desde 2020. Esa avería provocó que las aguas procedentes de la EDAR del Valle de La Orotava no se dispersaran correctamente en alta mar, alcanzando la costa sin la debida dilución.
Un análisis realizado por la consultora Elittoral, en octubre de 2024, detectó picos de hasta 68.000 unidades de E.coli por mililitro en el entorno del emisario, una cifra que supera por mucho los niveles legales. A pesar de esta evidencia, la playa no fue clausurada de forma oficial hasta casi nueve meses después.
Posibles penas
La denuncia interpuesta ante el Juzgado de Paz de Puerto de la Cruz abre la puerta a un proceso judicial en el que los acusados podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión, multas económicas y la inhabilitación para cargo público. La Fiscalía considera que se actuó con negligencia al permitir vertidos contaminantes durante un periodo prolongado, afectando al ecosistema y poniendo en riesgo la salud de la población.
Mientras tanto, la recuperación ambiental de Playa Jardín sigue en marcha, aunque su imagen como icono turístico del norte de Tenerife ha quedado gravemente dañada.
