El IMAS destaca la relevancia de las ayudas económicas para evitar desahucios, mientras el PSOE impugna un nuevo modelo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio.
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha logrado frenar 111 desahucios de familias vulnerables entre enero y junio de este año, según informó la concejala de Acción Social, Charín González. Para abordar esta problemática, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ha elaborado informes de vulnerabilidad solicitados por los juzgados, que ayudan a evaluar la situación de las personas y familias en riesgo de desalojo.
González subrayó que las prestaciones económicas (PEAS) son esenciales para el alquiler, créditos hipotecarios, mediación inmobiliaria y fianzas. En el primer semestre, se han abonado 760 PEAS por un total cercano a 1,4 millones de euros, de las cuales 124 han sido destinadas a cubrir cuotas hipotecarias por un monto de 276.034 euros.
El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), enfatizó que la vivienda es una prioridad en el municipio. Entre las iniciativas en curso se incluyen la construcción de nuevos inmuebles, reformas y medidas de accesibilidad, así como ayudas económicas dirigidas a prevenir desahucios.
En otro tema abordado durante el pleno municipal, se discutió el nuevo modelo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que el consistorio planea implementar antes de fin de año. Sin embargo, el PSOE ha impugnado esta medida en los juzgados, argumentando que es “contraria a derecho”. La portavoz socialista, Patricia Hernández, reveló que su grupo ha presentado un contencioso-administrativo en contra del acuerdo del Consejo Rector del IMAS, apoyándose en informes que indican incumplimientos normativos y cambios en las leyes de Subvenciones y Servicios Sociales de Canarias que no son factibles en tan corto plazo.
