El 70% de las aportaciones ciudadanas rechaza la implantación de las zonas verdes y azules en la segunda consulta pública municipal
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife.
La propuesta de implantar zonas de estacionamiento regulado en Santa Cruz de Tenerife vuelve a chocar con la resistencia ciudadana. La segunda consulta pública abierta por el Ayuntamiento para la elaboración de la nueva ordenanza de zonas verdes y azules, cerrada el pasado 1 de enero, refleja un rechazo mayoritario a la medida: siete de cada diez aportaciones recibidas se oponen de forma tajante a pagar por aparcar en la vía pública.
El resultado de este proceso participativo evidencia una percepción ampliamente compartida entre los chicharreros: el estacionamiento en la calle se entiende como un derecho básico y no como un servicio sujeto a pago. Frente a esta postura, un 30% de los participantes considera, sin embargo, que la regulación es necesaria para ordenar el tráfico, mejorar la rotación de vehículos y reducir la congestión en determinadas zonas de la ciudad.
La consulta forma parte del procedimiento previo a la redacción definitiva de la ordenanza municipal que regulará el estacionamiento limitado en áreas residenciales (zona verde) y comerciales o de alta rotación (zona azul). El objetivo del Consistorio es dotarse de una herramienta legal que permita gestionar de forma más eficiente el espacio público, especialmente en barrios donde la presión del tráfico y la falta de aparcamientos se ha convertido en un problema estructural.
No obstante, las aportaciones ciudadanas recogidas durante el proceso reflejan un profundo malestar. Entre los argumentos más repetidos figuran la escasez previa de plazas, la falta de alternativas reales como aparcamientos disuasorios o un transporte público suficientemente ágil, así como el impacto económico que supondría para residentes, trabajadores y pequeños comerciantes.
Muchos vecinos alertan además del riesgo de que la medida termine teniendo un carácter meramente recaudatorio, sin una mejora tangible de la movilidad urbana. También se cuestiona la oportunidad de implantar el sistema sin haber resuelto antes carencias históricas en infraestructuras de aparcamiento, especialmente en barrios periféricos.
Desde el Ayuntamiento se insiste en que el proceso no está cerrado y que la ordenanza se elaborará teniendo en cuenta las aportaciones recibidas. El área responsable subraya que el objetivo no es penalizar al ciudadano, sino racionalizar el uso del espacio público, favorecer la rotación y priorizar a los residentes en determinadas zonas.
Concluida esta segunda consulta, el siguiente paso será el análisis técnico y jurídico de las propuestas ciudadanas, antes de la redacción del borrador definitivo de la ordenanza, que volverá a someterse a exposición pública. Mientras tanto, el debate sobre si Santa Cruz debe o no pagar por aparcar en la calle sigue abierto y más vivo que nunca.
