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jueves, noviembre 13, 2025

Retrasos en traslados de menores migrantes generan polémica política en Canarias

El PP denuncia que los retrasos del Gobierno central afectan a la tutela y derechos de los menores extranjeros no acompañados en las islas.

Soldecanarias.net / Redacciòn
El traslado a la Península de menores extranjeros no acompañados (MENAs) desde Canarias ha generado una nueva polémica política tras el incumplimiento del plazo máximo de 15 días establecido por la normativa para efectuar estos traslados. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, advirtió que los retrasos perjudican directamente a los migrantes, especialmente a aquellos que recientemente han cumplido 18 años.

Según el PP, el caso más reciente involucra a un menor que llegó a Órzola (Lanzarote) a principios de septiembre y cuya salida a la Península se vio frustrada. “Como advertimos, los menores que ahora cumplen 18 años no podrán ser trasladados conforme al procedimiento, lo que evidencia la intención del Gobierno de mantenerlos en Canarias, dejando de lado su tutela y protección”, afirmó Reverón.

El partido conservador acusa al Gobierno central y al PSOE de “evadir sus obligaciones legales” al no garantizar el traslado de los menores, responsabilizando así a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de la gestión de la crisis migratoria. La portavoz popular subrayó que esta situación afecta no solo a los derechos de los menores, sino también a la capacidad de las islas para atenderlos adecuadamente, en un contexto de sobrecarga en los centros de acogida.

Desde el Gobierno, las autoridades reiteran su compromiso con la protección de los menores, aunque hasta la fecha los retrasos han generado tensiones políticas y críticas por parte de los partidos de la oposición, que exigen el cumplimiento estricto de los plazos y protocolos establecidos.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la crisis migratoria en Canarias, donde la llegada masiva de menores no acompañados sigue siendo un desafío para las administraciones locales, y la falta de coordinación con el Ejecutivo central se percibe como un obstáculo para garantizar los derechos y la seguridad de los jóvenes migrantes.

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