Denuncia de los representantes de los principales clubes de cannabis en Arona que: «La Policía Nacional y la Policía Local están actuando de manera supuestamente e irregular»
Soldecarias.net / Arona, Tenerife
Tanto presidentes como gerentes de varios de los clubes de cannabis que tienen su sede en el municipio de Arona han denunciado ante este medio lo que consideran una serie de presuntas irregularidades y abusos de poder por parte de la Policía Nacional y Local en las recientes intervenciones llevadas a cabo en sus locales. Los afectados acusan a las autoridades de realizar inspecciones de una manera forzada y sin aparente justificación adecuada que se exige para estos casos para después clausurar estos espacios bajo pretextos que, según ellos, carecen de la base legal suficiente.
Intervenciones cuestionadas
En las últimas semanas, al menos cinco clubes de cannabis en la zona han sido objeto de registros y precintos por parte de las fuerzas del orden. Tal y como establecen en sus estatutos, estos establecimientos son asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas exclusivamente a crear un espacio seguro y privado para el consumo de cannabis, todas las asociaciones que están están registradas e inscritas en el gobierno de canarias además de contar con los proyectos y licencias en vigor requeridas para la actividad, tal como lo estipula la legislación vigente en relación con estos clubes. No obstante, aunque los operativos policiales han resultado en la incautación de pequeñas cantidades de flores de cannabis en el interior de los locales, no supondría algo sancionable y tampoco debe ser el objeto del cierre de estos, según las normativas aplicables.
Una de las principales quejas que los representantes de los clubes han manifestado es el uso reiterado de órdenes judiciales emitidas por el mismo juzgado, donde afirman que las resoluciones parecen ser copias literales unas de otras. “Las tres órdenes de entrada y registro son prácticamente idénticas, con cambios mínimos como los nombres de los afectados. Esto evidencia que no se está valorando cada caso individualmente, lo que atenta contra nuestros derechos fundamentales”, señala uno de los afectados.
Irregularidades legales y abusos de poder
La situación que más preocupa a los gerentes de estos clubes es el presunto incumplimiento de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. Concretamente en su artículo 56.6, por parte de las autoridades locales, que regula el procedimiento administrativo necesario para clausurar un establecimiento. Según la normativa, para que un local pueda ser precintado, debe existir primero un requerimiento formal previo al propietario, algo que, según los denunciantes, no ha ocurrido en ninguno de los casos.
«Creemos que La Policía Local está actuando sin respetar el debido proceso. Están colocando precintos sin haber notificado previamente a la directiva y sin haber seguido los pasos legales que marca la ley», afirma uno de los afectados. “consideramos que es un abuso que estamos dispuestos a llevar ante los tribunales, ya que no solo afecta a la reputación de esta actividad y a todas las personas que componen nuestras asociaciones, cientos de personas que ven como se están vulnerando derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, entre otros”.
Videos y pruebas de agresiones
En al menos uno de los operativos más polémicos, ocurrido en el club de cannabis Hold The Door, los denunciantes aseguran tener pruebas gráficas que muestran un intento de allanamiento por parte de un supuesto agente de la Policía Nacional de “paisano”. Según los representantes del club, en las imágenes se ve a el agente tratando de forzar con mucha hostilidad la puerta del local cuando algunos socios trataban de salir, sin exhibir una orden judicial en ese momento.
Por lo que describen, en una segunda incursión, que también quedó registrada en video, las imágenes muestran cómo varios de los presuntos agentes irrumpen en el local y reducen de manera violenta y desproporcionada a dos personas, utilizando la técnica de «mataleón». «Fue una actuación completamente desmedida, cuando se observa perfectamente que esas personas no estaban ofreciendo resistencia alguna», declara uno de los testigos del incidente.
Señalamientos al Concejal de Seguridad
Otra de las preocupaciones que han expresado los afectados el temor ante la posible connivencia entre los máximos responsables de seguridad del Ayuntamiento de Arona y las fuerzas del orden. Según algunas voces consultadas, la Policía Local presuntamente estaría actuando de manera coordinada con la Policía Nacional, ejecutando los cierres de los clubes sin seguir los procedimientos adecuados, lo que puede llevar a suscitar sospechas de que estas operaciones podrían estar motivadas por intereses ajenos a la legalidad.
“Nos hemos intentado comunicar en varias ocasiones con la concejalía de seguridad por todas las vías, para obtener una explicación sobre lo que está ocurriendo, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Su silencio solo agrava nuestras sospechas de que existe un acuerdo tácito para eliminar nuestros locales», lamenta uno de los gerentes.
Resoluciones judiciales “automatizadas”
Los propietarios también han puesto en duda la objetividad de las resoluciones judiciales emitidas por el juzgado responsable. Según sus declaraciones, todas las órdenes de entrada y registro que han culminado con el cierre de los clubes presentan exactamente el mismo texto, a excepción de detalles mínimos como nombres o fechas.
“Esto es muy grave, porque se está resolviendo de manera estereotipada sobre derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio. No se puede permitir que se trate de forma tan superficial algo tan serio. Nos están tratando como si fuéramos delincuentes, cuando en realidad estamos operando dentro de la legalidad”, aseguran los denunciantes.
Un futuro incierto
Los afectados han decidido denunciar formalmente ante otro juzgado de instrucción las acciones de la Policía Nacional y Local, así como las resoluciones judiciales que consideran irregulares. A la espera de una respuesta por parte de las autoridades competentes, los presidentes y gerentes de los clubes de cannabis de Arona siguen manteniendo su postura y exigen que se respete el marco legal en el que operan.
Este caso plantea serias dudas sobre la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades locales, así como sobre el uso legítimo de la fuerza y la aplicación del derecho en la intervención de estos espacios. Mientras tanto, los afectados aseguran que continuarán luchando por lo que consideran una violación de sus derechos constitucionales.
«Seguiremos adelante, porque estamos convencidos de que la verdad saldrá a la luz», concluyen.
