El Ejecutivo regional atribuye el retraso del proceso a la elevada cantidad de recursos presentados por opositores
Soldecanarias.net / Redacción
El Gobierno de Canarias ha descartado declarar la caducidad del proceso selectivo para incorporar 141 nuevos agentes a la Policía Canaria, correspondiente a la quinta promoción del cuerpo. La Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública ha rechazado todas las solicitudes presentadas por varios aspirantes que pedían anular la convocatoria por superar el plazo máximo legal de tres años.
Según la administración autonómica, el retraso registrado en la tramitación del proceso es “leve” y se debe principalmente al elevado número de reclamaciones y recursos interpuestos por los propios opositores durante las distintas fases del procedimiento.
Debate jurídico sobre el plazo de tres años
Los aspirantes que solicitaron la caducidad del proceso basaban su petición en una reciente doctrina del Tribunal Supremo, que establece que las ofertas públicas de empleo deben ejecutarse completamente en un plazo máximo de tres años. Esta interpretación, fijada en una sentencia dictada en julio de 2025 sobre un proceso selectivo en Sevilla, señala que no basta con convocar las oposiciones dentro del plazo, sino que todo el procedimiento debe concluir antes de que transcurran esos tres años.
En el caso de la Policía Canaria, la convocatoria agrupaba 61 plazas incluidas en la oferta de empleo público de 2022 y otras 80 correspondientes a la de 2023. Los opositores sostenían que las plazas de 2022 habrían caducado en diciembre de 2025, lo que, a su juicio, invalidaría toda la convocatoria conjunta.
El Gobierno defiende la continuidad del proceso
En la resolución firmada el pasado 6 de marzo por el director general del área, José Manuel González Afonso, el Ejecutivo autonómico reconoce la existencia de ese criterio jurisprudencial, pero subraya que el propio Tribunal Supremo contempla excepciones cuando existan circunstancias justificadas.
El Gobierno considera que este proceso se encuentra ya en una fase muy avanzada, ya que en febrero se publicó la propuesta de aspirantes seleccionados. Por ello, entiende que el eventual retraso respecto al plazo legal sería mínimo y no justifica la anulación de todo el procedimiento.
Además, la administración argumenta que el Estatuto Básico del Empleado Público no establece una nulidad automática en caso de superarse ese límite temporal.
Un proceso marcado por reclamaciones
Otro de los factores señalados por el Ejecutivo para explicar la duración del proceso es la elevada complejidad de la convocatoria. Las oposiciones contemplan un total de 141 plazas y un itinerario formativo que incluye 1.100 horas de formación teórica y 600 horas de prácticas.
A esto se suma, según la administración, el gran número de incidencias planteadas por los propios aspirantes. Durante el desarrollo del proceso se han presentado numerosas reclamaciones contra las decisiones provisionales del tribunal calificador, así como incidentes de recusación contra algunos de sus miembros.
El Gobierno también destaca que cerca de un centenar de recursos de alzada se han interpuesto contra las últimas actuaciones del tribunal, una cifra que considera muy superior a lo habitual en este tipo de convocatorias.
La vía judicial, única opción para los opositores
Con esta decisión, el Ejecutivo regional declara plenamente válido el proceso selectivo y confirma que continuará hasta su finalización. La resolución agota la vía administrativa, por lo que los opositores que mantienen sus reclamaciones sólo podrán acudir ahora a los tribunales contencioso-administrativos si desean impugnarla.
Objetivo: ampliar la Policía Canaria
Mientras tanto, el Gobierno regional mantiene su plan de expansión de la Policía Autonómica. Durante el reciente Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, afirmó que el objetivo es que el cuerpo alcance alrededor de 600 efectivos antes de que termine la legislatura.
Además, el plan contempla reforzar la presencia de la Policía Canaria en las islas no capitalinas mediante nuevos destacamentos y comisarías.
