La Plataforma de Afectados por la Ley Turística reclama el archivo inmediato de los expedientes y denuncia que las multas siguen llegando pese al anuncio de suspensión.
Soldecanarias.net / Redacciòn
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística de Canarias (PALT) ha solicitado formalmente a la consejera de Turismo, Jéssica de León, que se archiven todos los expedientes sancionadores abiertos contra propietarios de apartamentos y bungalows que han optado por vivir en sus inmuebles o no cederlos a un explotador turístico.
Según su presidenta, Maribe Doreste, esta es la única solución “justa y legal” frente a una normativa que ha generado inseguridad jurídica y ha castigado de forma arbitraria a miles de familias. “Es inadmisible el daño gratuito que se inflige a los propietarios, traicionados en su confianza legítima y víctimas de un proceder caprichoso como nunca antes se había visto”, denunció.
Pese a que el Gobierno regional anunció que las sanciones quedaban en suspenso, las multas de hasta 2.500 euros se han seguido notificando “incluso en agosto”. La PALT sostiene que el Decreto Ley 2/2025, lejos de aportar soluciones, plantea “una rendición” que no protege los derechos de los propietarios.
La plataforma critica además la aplicación desigual de la ley, con expedientes abiertos en algunos complejos y en otros no, en unas islas sí y en otras no. “Se actúa con rapidez contra los pequeños propietarios, pero con pasividad frente a los operadores que incumplen de manera flagrante la normativa”, apuntó Doreste.
En la misma línea, la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias (ASCAV) confirmó que las sanciones continúan llegando, lo que supone un “acoso y derribo” a los dueños de apartamentos y bungalows. Según la organización, se les impide residir, alquilar de forma vacacional o de larga temporada, e incluso usar sus propiedades de manera personal durante fines de semana o vacaciones.
La PALT insiste en que el archivo incondicional de los expedientes es el único camino posible: “Reconocer que los apartamentos y bungalows son auténticas viviendas no es un fraude, es justicia. Los propietarios han actuado dentro de la legalidad y lo que no puede tolerarse es que se les criminalice por ejercer sus derechos”, concluyó Doreste.
