¿Cuánto tendría que devolver por lo percibido irregularmente en el mandato anterior?”
El grupo insular de Podemos, con cinco consejeros y en la oposición, reprochó la mala praxis del Cabildo de Tenerife en torno a la tramitación y resolución del expediente por incompatibilidad y cobros irregulares gestionado contra el viceconsejero tercero del Gobierno insular (CC-PSOE), el socialista José Antonio Valbuena. Valbuena es en la actualidad el responsable de Medio Ambiente.
La sensación final que quedó, al término de la investigación que confirmó los cobros irregulares de ese cargo público, es la de apaño”; o sea, que “el Gobierno de CC-PSOE se lo guisa y se lo come barriendo a su favor, no en pro del interés general, y muchísimo menos de la ejemplaridad”.
Para Podemos, ese asunto se cerró en falso y el partido estudió el expediente de Valbuena para hacer “una valoración de su contenido y decidir posibles acciones por todo lo ocurrido”, sobre todo ante el hecho posible de que “no se le haya reclamado la parte dineraria correspondiente al mandato anterior, 2011-2015”. Valbuena solo devolvió lo correspondiente al actual mandato, parte de 2015 y 2016, según afirmó Podemos y se ha publicado en el Boletín Oficial.
Este expediente fue iniciado a instancia de la formación morada, la que descubrió que Valbuena “llevaba alrededor de cinco años cobrando irregularmente de las arcas públicas un salario por dedicación exclusiva al tiempo que recibía ingresos por actividades empresariales de tasación inmobiliaria no reflejadas en su declaración pública de bienes e intereses”.
En cuanto su grupo tuvo constancia de esa ilegalidad “la comunicamos a la Secretaría General del Cabildo, y ya confirmada, pidieron que se incoara expediente para investigar y depurar posibles responsabilidades; entre otras cosas, reclamaron expresamente que se mantuviera informado al grupo Podemos de cualquier cuestión relacionada con este asunto y que se diera cuenta al pleno”.
En cuanto a las consecuencias y la sanción por este “chanchullo”, recuerda que los servicios jurídicos del Cabildo decidieron dividir en dos este proceso. Resolvieron la irregularidad que afectaba al actual mandato): Valbuena reconoció que cobraba 75.661 euros de sueldo anual (bruto) por dedicación exclusiva a la política al mismo tiempo que recibía ingresos por su actividad empresarial privada ejercida sin pedir compatibilidad al pleno, algo ilegal. Por ello, luego renunció al régimen de exclusividad y redujo su dedicación a la gestión pública al 80%, con lo que se aminoró el 20% su salario.
De forma automática, tuvo que devolver con efecto retroactivo ese 20% de retribuciones cobradas de más durante este mandato como consejero insular. En total, recordó que solo reintegró 17.074 euros, lo que había recibido de las arcas públicas por una exclusividad inexistente. “Si en un año y un mes cobró 17.000 euros de más que ha tenido que reintegrar, ¿cuánto tendría que devolver de su bolsillo a la ciudadanía tinerfeña por lo que cobró irregularmente de las arcas del Cabildo durante cuatro años?”, se preguntaron.
Todo esto conduce a que “pareció que el grupo de CC y PSOE prefiere amparar esta mala praxis y le hizo un regalo a quien ha estado abusando de lo público, antes que reparar el daño a las arcas públicas. La ejemplaridad para este gobierno pudo siempre esperar”.
