Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 de Santa Cruz de Tenerife confirma que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto está caducada, lo que lo deja sin respaldo legal para continuar. ATAN celebra el fallo como una victoria, mientras las obras continúan pese a la ilegalidad.
Soldecanarias.net / Redacciòn
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 de Santa Cruz de Tenerife ha emitido una sentencia contundente contra el polémico Circuito del Motor en el municipio de Granadilla. El fallo establece que el proyecto carece de validez ambiental al haberse ejecutado fuera del plazo estipulado por su Declaración de Impacto Ambiental, que se encuentra caducada desde 2016. Es la segunda sentencia en este sentido y refuerza las denuncias históricas de colectivos ecologistas como la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), promotora del recurso.
La jueza encargada del caso consideró probado que las obras no se iniciaron de forma efectiva dentro del plazo legalmente establecido. Los movimientos de tierra y el desbroce ejecutados antes de noviembre de 2016 han sido calificados en la sentencia como “ínfimos, no estructurales y carentes de entidad”, desestimando la argumentación del Cabildo de Tenerife, que intentó presentarlos como el inicio formal de las obras.
Este fallo judicial se suma a pronunciamientos anteriores como el del Defensor del Común, que ya había advertido que el proyecto fue respaldado por un informe de impacto ambiental caducado. Desde ATAN celebran el fallo como un triunfo de la legalidad y la defensa del medio ambiente, aunque lamentan que el daño territorial ya está en marcha y que las máquinas siguen operando en la zona, afectando ecosistemas del sur de la isla.
El caso ha reabierto el debate sobre la gestión ambiental en Tenerife. Numerosos colectivos ciudadanos y ecologistas se preguntan hasta cuándo continuará el respaldo institucional a un proyecto declarado ilegal por los tribunales. Especialmente críticas han sido las voces dirigidas hacia la presidenta del Cabildo, a la que acusan de priorizar el marketing político por encima de la conservación del territorio.
Mientras la maquinaria pesada sigue arrasando hábitats naturales, el fallo judicial representa un serio llamado de atención sobre la necesidad de respetar los procedimientos ambientales y poner fin a iniciativas insostenibles. “La protección del territorio no es un capricho: es un deber legal y moral”, han recordado desde ATAN.
Ahora, con la segunda sentencia en contra, la presión social crece para que el Cabildo Insular paralice de inmediato las obras y archive un proyecto que, para muchos, simboliza la desconexión de las instituciones con la realidad ecológica y social de Tenerife.
