Un informe de la Guardia Civil enviado a la Audiencia Nacional recoge mensajes en los que el entonces presidente canario habría intervenido para acelerar abonos a la empresa Soluciones de Gestión.
Soldecanarias.net / Redacciòn
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la Audiencia Nacional un nuevo informe en el que detalla comunicaciones que implicarían al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la gestión de pagos relacionados con los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. Según el documento, Torres, cuando presidía el Gobierno de Canarias, habría intercedido para agilizar abonos a la empresa Soluciones de Gestión, una de las compañías vinculadas al caso Koldo.
El informe, al que ha tenido acceso The Objective, incluye mensajes de WhatsApp intercambiados entre Torres y Koldo García Izaguirre, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos. En ellos, el presidente canario le comunica que está “encima del pago” a la citada empresa y que el consejero de Sanidad, Antonio Olivera, se pondrá en contacto con él. La Guardia Civil interpreta estos mensajes como una muestra de la intervención directa de Torres en un procedimiento administrativo sujeto a investigación judicial.
Las conversaciones se produjeron entre el 1 y el 3 de julio de 2020, en pleno auge de la pandemia. En una de ellas, Torres asegura que se encuentra con la responsable de recursos económicos del área de Sanidad y que el material ya ha sido validado. Dos días más tarde insiste en que el trámite “ya está listo para liberar el pago”. García le responde con un mensaje de agradecimiento.
Estas revelaciones contrastan con las declaraciones que el ministro realizó el 2 de abril de 2024, tras un Consejo de Ministros, cuando negó haber mantenido contacto alguno con Koldo García en relación con la contratación de material sanitario. “Ni recibí indicaciones, ni las habría aceptado, ni di ninguna orden sobre adjudicaciones durante la pandemia”, afirmó entonces ante los medios.
El nuevo informe policial sostiene, no obstante, que Koldo García ejercía “una influencia constante en distintas administraciones públicas”, apoyado por el empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario de la red. Los investigadores señalan que las gestiones de Torres se enmarcarían dentro de esa dinámica de favores y pagos presuntamente irregulares vinculados a los contratos de emergencia firmados durante la crisis sanitaria.
El Ministerio de Política Territorial no ha ofrecido declaraciones tras conocerse el contenido del informe, mientras que fuentes próximas al ministro insisten en que no existe actuación delictiva alguna y que las comunicaciones se limitan a cuestiones administrativas.
