El PP abandona el Pleno tras la intervención del alcalde, quien defendió la validez de los documentos oficiales, mientras que la oposición denuncia irregularidades y exige aclaraciones.
Soldecanarias.net / Güimar
Güímar sigue en el ojo del huracán político, esta vez por una controversia relacionada con la legalidad de los escritos oficiales del Ayuntamiento. El Partido Popular ha denunciado irregularidades en la forma en que se emiten los documentos, lo que llevó a la salida de su grupo del Pleno del jueves, tras una intervención del alcalde Gustavo Pérez, quien defendió la total legalidad de los actos administrativos.
El clima político de Güímar se ha visto nuevamente empañado por una disputa que involucra a la administración local, el PP y la interpretación de la legalidad de ciertos actos administrativos. La polémica comenzó cuando la concejala del Partido Popular, Raquel Díaz, expresó sus dudas sobre el uso del hash en los documentos firmados electrónicamente, un procedimiento que según ella podría ser fuente de irregularidades. Ante esta denuncia, el alcalde, Gustavo Pérez (CC), no tardó en responder durante el Pleno del pasado jueves, asegurando que todos los documentos emitidos por el Ayuntamiento cumplían con la normativa vigente.
Sin embargo, la respuesta del alcalde no calmó los ánimos. El hecho de que Pérez usara el turno de ruegos y preguntas para hacer una intervención personal sobre el tema, sin estar recogida en el orden del día, desató la furia de la oposición. Según el PP, esta intervención vulneraba el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), lo que provocó la salida de su grupo del Pleno, al considerar que el procedimiento no fue el adecuado.
Raquel Díaz, por su parte, se mantuvo firme en sus críticas, afirmando que su intención nunca fue sembrar dudas infundadas, sino aclarar una cuestión técnica relacionada con los documentos emitidos por el Consistorio. Díaz también recordó que la solicitud de una auditoría a la empresa responsable de la plataforma de firma digital del Ayuntamiento fue una medida preventiva para disipar cualquier posible irregularidad, y lamentó que el Ayuntamiento no respondiera de manera directa a esta solicitud.
El alcalde, en respuesta, reiteró que el Ayuntamiento de Güímar no tenía ninguna duda sobre la legalidad de los documentos emitidos y subrayó que ya se habían solicitado tres informes técnicos que confirmaban su validez. Además, Pérez hizo un llamamiento a la coherencia y responsabilidad de los cargos públicos, sugiriendo que las dudas planteadas debían resolverse en los canales apropiados y no en el marco de un Pleno.
Esta controversia llega en un momento crítico para el municipio, justo cuando los Carnavales de Güímar están a la vuelta de la esquina, tras haberse visto afectados por problemas como la falta de acuerdo sobre los turnos y horas extras de la Policía Local, lo que ha generado malestar tanto entre los vecinos como entre los organizadores de eventos.
El futuro de la política local en Güímar parece seguir marcado por tensiones internas y políticas, mientras los ciudadanos y la oposición exigen más transparencia, claridad y un mayor respeto a los procedimientos establecidos. En un contexto político tan convulso, la administración local debería actuar con mayor seriedad, sobre todo cuando se trata de aspectos legales que afectan directamente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
El Partido Popular sigue exigiendo explicaciones claras sobre los procedimientos del Ayuntamiento, mientras que el alcalde parece dispuesto a mantener su postura y desafiar cualquier cuestionamiento a su gestión. La pelota ahora está en el tejado del gobierno local, que tendrá que afrontar las crecientes críticas y las dudas que siguen rodeando sus actuaciones.
De cara al futuro, el municipio de Güímar necesita respuestas claras y un trabajo coordinado para resolver tanto la situación de los documentos oficiales como otros problemas urgentes que afectan a la vida diaria de los ciudadanos.
