El grupo nacionalista registra 24 enmiendas al texto del Gobierno de Canarias y plantea medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda habitual.
Soldecanarias.net / Redacciòn
Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) ha presentado un conjunto de 24 enmiendas al proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Canarias para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas y fomentar la construcción de viviendas. La iniciativa, defendida por la diputada Carmen Hernández, busca introducir modificaciones que, según el grupo, permitan mantener el control público sobre el urbanismo y mejorar el acceso a la vivienda en el archipiélago.
Entre las propuestas destaca la aplicación de medidas fiscales orientadas a favorecer la compra o el alquiler de vivienda habitual, especialmente para jóvenes. El grupo plantea elevar la deducción autonómica en el IRPF por arrendamiento del 24% al 35% y ampliar la edad máxima de los beneficiarios hasta los 40 años.
Asimismo, las enmiendas incluyen la reducción al 3% del impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda y la aplicación de un IGIC superreducido del 1% para este tipo de operaciones. En contraste, Nueva Canarias propone aumentar hasta el 20% el impuesto para grandes propietarios, fondos de inversión y entidades financieras que adquieran edificios completos con fines especulativos.
Otra de las medidas planteadas es la creación de un Plan de Alquiler Seguro con el objetivo de movilizar parte del parque de viviendas vacías existente en las islas, que según estimaciones supera las 200.000 unidades.
En el ámbito municipal, la formación propone reforzar las oficinas técnicas públicas y fomentar la cooperación entre ayuntamientos para compartir servicios especializados, como alternativa a la externalización de informes urbanísticos.
Desde el grupo parlamentario consideran que la agilización de licencias no debe implicar la transferencia de funciones públicas al sector privado. Por ello, defienden que cualquier reforma del sistema urbanístico debe centrarse en mejorar los recursos de las administraciones y en adoptar medidas que prioricen el acceso a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria.
