El partido canarista acusa al Gobierno de Clavijo de utilizar recursos públicos para favorecer al capital privado, mientras se desatiende a la ciudadanía más vulnerable
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha lanzado una dura crítica contra la estrategia de vivienda que desarrolla el actual Ejecutivo canario, liderado por Coalición Canaria (CC) y respaldado por el Partido Popular (PP). Según el partido canarista, esta política impulsa un modelo económico centrado en la especulación inmobiliaria, utilizando recursos fiscales y públicos para facilitar el enriquecimiento del capital privado.
Desde NC-BC se denuncia que se están promoviendo medidas que favorecen a grandes inversores a través del uso de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para construir vivienda libre destinada al alquiler, sin establecer controles que garanticen el acceso de las familias con rentas medias y bajas. Esta posibilidad, que también fue respaldada por el PSOE, permitiría a los promotores vender los inmuebles tras cinco años de arrendamiento, obteniendo importantes plusvalías, según el partido.
Otro punto que preocupa a la formación es la externalización del otorgamiento de licencias de obras, lo que, en su opinión, abre la puerta a la privatización del control urbanístico y debilita los mecanismos de fiscalización pública. Para NC-BC, este conjunto de medidas responde a un diseño fiscal, legal y urbanístico creado para facilitar una dinámica especulativa en el mercado de la vivienda canaria.
“Se está utilizando dinero público para apuntalar un modelo que no prioriza las necesidades reales de la población, sino los intereses de los grandes promotores”, señalaron fuentes del partido. Añaden que este enfoque desvirtúa el propósito original de la RIC, pensada para estimular la reinversión productiva y la creación de empleo en el archipiélago.
La formación denuncia, además, que la actual emergencia habitacional no está siendo atendida de forma efectiva por el Gobierno autonómico. Las promociones públicas de vivienda actualmente en marcha —sostiene NC-BC— son fruto del plan aprobado en la anterior legislatura bajo el mandato del pacto de progreso, con una inversión comprometida superior a los 600 millones de euros.
Nueva Canarias concluye que, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, las políticas actuales están consolidando un modelo donde el acceso a un hogar depende del mercado, en lugar de ser protegido como un bien esencial para la ciudadanía.
