NC-BC acusa al Gobierno de Clavijo de impulsar una norma inconstitucional que pone en riesgo la pluralidad, la independencia informativa y los derechos laborales en la radiotelevisión pública canaria
Soldecanarias.net / Redacciòn
Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC) confirmó este jueves que presentará una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley que regula la Radio Televisión Canaria (RTVC), impulsado por el Gobierno autonómico presidido por Fernando Clavijo. La formación nacionalista progresista considera que el texto es inconstitucional, vulnera el derecho europeo y estatal, y coloca a los medios públicos “al servicio de las derechas canarias”, principalmente de Coalición Canaria.
La presidenta del grupo parlamentario, Carmen Hernández, y su portavoz, Luis Campos, anunciaron en rueda de prensa que la enmienda con la que se solicitará la devolución del proyecto al Ejecutivo de CC y el PP será debatida en un pleno extraordinario la próxima semana. Según NC-BC, la propuesta legislativa nace “absolutamente viciada”, compromete la independencia del ente público y pone en peligro la pluralidad informativa.
Hernández, también portavoz de NC-BC en la comisión parlamentaria de control de RTVC, aseguró que su grupo estaba “obligado” a presentar la enmienda a un texto que modifica la Ley 13/2014 y que afecta a una herramienta clave para la cohesión territorial, la promoción cultural y los valores democráticos en un archipiélago fragmentado. Recordó, además, el papel esencial que desempeñó la radiotelevisión pública durante momentos críticos como la pandemia o la erupción volcánica de La Palma.
La diputada criticó con dureza las “prisas y la urgencia” con las que el Gobierno quiere tramitar la reforma y cuestionó los argumentos utilizados para justificarla. Aunque reconoció la necesidad de adaptar la normativa canaria al marco europeo y estatal, denunció que la solución planteada por el Ejecutivo es una “excusa” que no solo no resuelve el bloqueo institucional, sino que lo perpetúa, tal y como advierte el Consejo Consultivo de Canarias (CCC) en su dictamen.
Según NC-BC, el proyecto vulnera el artículo 20.3 de la Constitución, que garantiza el control parlamentario de los medios públicos, y supone una clara injerencia política. Hernández sostuvo que se trata de una norma diseñada “desde el despacho del presidente” para convertir la RTVC en un instrumento de propaganda gubernamental, especialmente sensible ante la cercanía del calendario electoral.
La formación fundamenta su enmienda en tres grandes razones. La primera, el “grave retroceso democrático” que supondría la eliminación de contrapesos institucionales, al sustituir las mayorías reforzadas por absolutas, concentrar un poder excepcional en la figura del director general y vaciar de contenido el control del Parlamento. También alertó de la falta de plazos para constituir la junta de control, lo que, a juicio del CCC, otorgaría poderes indefinidos al director general de manera inconstitucional.
En segundo lugar, NC-BC denuncia que el texto institucionaliza el bloqueo que dice querer solucionar, al renunciar al consenso parlamentario sin establecer mecanismos efectivos de desbloqueo. Y, como tercer argumento, advierte de los riesgos para la independencia editorial y los derechos laborales, al permitir una mayor externalización de los informativos, la subrogación obligatoria del personal y una posible injerencia política directa en los contenidos.
Hernández también alertó de que el proyecto abre la puerta a concentrar hasta el 20% del presupuesto del ente más de 60 millones de euros en un solo operador, lo que podría generar concentración del mercado, precarización laboral y deterioro de la calidad y pluralidad del servicio público.
Por su parte, Luis Campos subrayó que la comunicación pública es un pilar esencial de la democracia y defendió como principios “irrenunciables” la pluralidad informativa y la profesionalidad de los trabajadores del ente. Añadió que la enmienda se apoya en un proceso de escucha con sectores implicados y expertos en radiotelevisión pública.
NC-BC reclamará finalmente la devolución del proyecto al Gobierno para que presente un nuevo texto consensuado, constitucional y plenamente democrático. “Una radiotelevisión pública secuestrada por el poder político erosiona lentamente la democracia”, concluyó Hernández, defendiendo una RTVC “al servicio de las canarias y los canarios”.
