La diputada de Nueva Canarias critica la falta de compromiso con el bienestar laboral, destacando los recortes en el Servicio Canario de Empleo y la ausencia de un modelo económico sostenible.
Soldecanarias.net
Natalia Santana, diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), ha reprochado que los presupuestos de la Consejería de Turismo para 2025, presentados por CC y PP, no respondan a las demandas sociales de los canarios. La responsable de las políticas turísticas y de empleo de NC-BC expresó su preocupación por los fondos limitados del Servicio Canario de Empleo (SCE), lo que, según ella, demuestra la falta de un verdadero compromiso con la mejora de las condiciones laborales y el bienestar social de la ciudadanía.
Durante la presentación de los presupuestos en comisión parlamentaria, Santana criticó al Gobierno de Fernando Clavijo por desperdiciar una “oportunidad única” para transformar el modelo económico de las islas. A pesar de las demandas de la sociedad expresadas en las manifestaciones del 20 de abril, la diputada lamentó que la consejera Jessica de León optara por seguir el mismo camino, sin proponer cambios significativos para mejorar la situación de la población canaria.
Santana destacó que, con el 70% de la población atrapada en rentas medias-bajas y bajas, el acceso a una vivienda digna se ha vuelto un lujo, y el coste de la vida es cada vez más insostenible. En este contexto, consideró que los presupuestos destinados al sector turístico no abordan adecuadamente las necesidades de la mayoría social, favoreciendo en su lugar a un sector privilegiado con abundantes beneficios.
En cuanto al SCE, Santana criticó la reducción de sus fondos, resaltando que, a pesar de que se han recuperado tres millones de los 9,13 millones recortados, aún faltan seis millones. La diputada de NC-BC advirtió que este tipo de “ilusiones contables” no engañan a nadie, señalando que los presupuestos están plagados de excusas que justifican lo injustificable.
Por último, reiteró su rechazo a la tasa turística propuesta por el Gobierno, argumentando que esta medida no sería suficiente para abordar las verdaderas necesidades de Canarias, como mejorar los servicios públicos esenciales, la vivienda y la investigación.
