La vicepresidenta primera del Gobierno reconoce su error y reafirma su respeto al Estado de derecho
Soldecanarias.net / Redacciòn
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido disculpas por sus declaraciones en las que ponía en duda la presunción de inocencia en el caso de Dani Alves. En un acto celebrado en Sevilla, Montero reconoció que sus palabras podían interpretarse como un cuestionamiento de este principio fundamental del Estado de derecho. “En la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que he puesto en cuestión la presunción de inocencia, pilar del Estado de Derecho. La retiro y pido disculpas por ello”, afirmó.
Polémica por sus declaraciones en un mitin
La controversia surgió el pasado sábado durante un mitin del PSOE en Sevilla, donde Montero expresó su indignación por la absolución del futbolista brasileño de los cargos de agresión sexual. “Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos”, afirmó en aquel momento. Estas declaraciones provocaron una ola de críticas por parte de asociaciones de jueces y fiscales, que acusaron a la ministra de poner en entredicho un principio fundamental del sistema judicial.
Reacciones y críticas desde el ámbito judicial
Las palabras de Montero no tardaron en generar reacciones en el ámbito judicial. Diversas asociaciones de magistrados y fiscales expresaron su preocupación, señalando que la presunción de inocencia es un derecho inalienable y que su debilitamiento pondría en riesgo la imparcialidad del sistema judicial. Desde la oposición, el Partido Popular y Vox calificaron sus declaraciones como un ataque a la independencia de la Justicia y exigieron una rectificación inmediata.
La rectificación y el equilibrio entre justicia y derechos
En su intervención en el ‘VI Foro Mundial de Desarrollo Local’, Montero quiso zanjar la polémica y reafirmó su compromiso con el respeto al Estado de derecho. No obstante, matizó que la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la fiabilidad del testimonio de las víctimas. Con esta declaración, intentó equilibrar su mensaje y responder a las críticas sin renunciar a la defensa de los derechos de las mujeres.
El debate generado por sus declaraciones reabre una cuestión sensible en la política española: cómo garantizar la protección de las víctimas de violencia sexual sin menoscabar los principios fundamentales de la justicia. Mientras tanto, la vicepresidenta ha optado por la rectificación y el reconocimiento del error en un intento de cerrar la polémica y evitar que la controversia afecte al Gobierno.
