El presidente de Fuerza Canaria y del Grupo Sol de Canarias advierte que la crisis habitacional está empobreciendo a miles de familias y urge a las administraciones a actuar con responsabilidad y celeridad
Por Mohamed Jamil Derbah
Presidente de Fuerza Canaria, presidente del Grupo de Comunicación Sol de Canarias, asesor internacional de países africanos y empresario turístico
Canarias atraviesa una encrucijada. A pesar de los avances en materia económica, el precio que están pagando miles de canarios por tener un techo digno es demasiado alto. La vivienda, lejos de ser un derecho garantizado, se ha transformado en un factor de empobrecimiento y exclusión social.
El reciente informe de EAPN Canarias no deja lugar a dudas: más de 700.000 personas en riesgo de pobreza, casi 400.000 con dificultades para afrontar los gastos de su hogar o compras básicas, y una pobreza infantil que afecta al 40% de nuestros niños y niñas. Son cifras que duelen, y que deben hacernos reaccionar.
Desde mi compromiso como presidente de Fuerza Canaria y del Grupo Sol de Canarias, y también como alguien que ha trabajado durante años en proyectos de cooperación internacional y desarrollo económico, quiero lanzar un mensaje claro: esto no puede continuar así.
El precio del alquiler ha subido un 68% en los últimos diez años, muy por encima de la media nacional. Esta presión desmedida expulsa a residentes de sus barrios, frena la emancipación de los jóvenes, y empuja a muchas personas a vivir en condiciones precarias o insostenibles.
La vivienda no puede seguir siendo un lujo reservado a quienes más tienen. Es, y debe ser, una prioridad de Estado.
Por eso, hago un llamamiento urgente a las administraciones con competencias Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos para que actúen con determinación y visión de futuro:
- Regulando los precios del alquiler en zonas tensionadas.
- Aumentando significativamente la inversión en vivienda pública y protegida.
- Facilitando el acceso a ayudas al alquiler para quienes más lo necesitan.
- Equilibrando el desarrollo turístico con el derecho a residir dignamente.
Como empresario turístico, también debo decirlo con claridad: no podemos permitir que el éxito del turismo ahogue a nuestros residentes. Las políticas urbanas y económicas deben proteger la convivencia, el arraigo y la calidad de vida de quienes sostienen esta tierra con su trabajo diario.
La pobreza no puede seguir normalizándose en las islas. Es momento de unidad, responsabilidad política y compromiso social. Canarias merece soluciones valientes y coordinadas, no parches temporales.
No hay futuro si una parte importante de la población vive con miedo a perder su casa o sin poder permitirse una.
La vivienda no puede seguir siendo un privilegio. Es hora de garantizarla como lo que es: un derecho fundamental.
