Manuel F. Gutierrez
Las mociones de censura parecen ser un instrumento político que solo es legítimo y justificable cuando benefician a quienes nos representan o a los partidos con los que simpatizamos. Cuando es el adversario quien la impulsa, entonces se convierten en una traición, un asalto al poder o una maniobra cuestionable. Lo cierto es que, guste o no, la moción de censura es una herramienta perfectamente legal recogida en la Constitución y en el marco parlamentario, una vía tan válida como cualquier otra dentro del juego democrático.
El caso de Granadilla de Abona no es más que un episodio adicional de esta doble vara de medir. La moción presentada por Coalición Canaria, VOX y el Partido Popular ha provocado la indignación de los afines al PSOE, quienes ahora claman al cielo ante lo que consideran una maniobra desleal. Pero, ¿es acaso más ilegítima esta moción que la que en 2019 otorgó a Pedro Martín (PSOE) la presidencia del Cabildo de Tenerife? O, por citar un caso de mayor relevancia, ¿fue más veraz y justificable la moción de censura que Pedro Sánchez (PSOE) presentó contra Mariano Rajoy (PP) en 2018, apoyándose en partidos independentistas y de extrema derecha como Junts per Catalunya?
El problema no es la legalidad de la herramienta, sino la hipocresía con la que se analiza según el beneficiario de la misma. En Granadilla, según la cronología de las intervenciones de Marcos Antonio Rodrìguez, Jenifer Miranda (PSOE) podría haber cometido errores estratégicos que la llevaron a perder el control de la situación. Su intento de arrinconar en la gestión diaria a Marcos Antonio, número uno del PP y principal valedor del pacto entre PSOE y PP en Granadilla, habría sido clave en la desestabilización del gobierno municipal. Esto se refleja en sus propias declaraciones vertidas en diferentes medios de comunicación, donde ha manifestado sentirse relegado y desplazado. Mientras tanto, Bianca Cerban (PP) ha sido favorecida con estrategias que la han acercado cada vez más a la línea socialista, hasta el punto de que en el municipio corría el rumor de que era la «concejal número 12» del PSOE. Según las propias declaraciones de Marcos Antonio, Bianca Cerban estaría ante un proceso de transfuguismo claro hacia el PSOE. Este tipo de movimientos políticos pueden ser comprensibles, pero también tienen consecuencias.
Es importante destacar que el pacto en Granadilla puede interpretarse como antinatural, ya que unía a PP y PSOE en un mismo gobierno. Esto se llevó a cabo debido a que Marcos González, líder del PP en Granadilla antes de las elecciones, y Yanira González (PP), fueron arrinconados por su propio partido. Se les hizo lo que coloquialmente se entiende como «una cama a medida» para desplazarlos del PP. Como resultado, su ingreso en Coalición Canaria no respondió a un transfuguismo sin ética, sino a una decisión motivada por la forma en que fueron tratados internamente.
Habría que preguntarle al senador, alcalde de Santiago del Teide y presidente del PP en Tenerife, Emilio Navarro, si él generó la ruptura del partido en Granadilla de Abona con la decisión de apostar por Marcos Antonio y degradar a Marcos González, quien hasta la fecha había realizado una gestión más que decente en el municipio. Las malas prácticas y decisiones previas a las elecciones truncaron la meteórica subida del PP en Granadilla y, al final, ocurrió lo que todos sabemos.
Es hora de que quienes critican las mociones de censura cuando les perjudican se miren al espejo y reconozcan que han defendido y celebrado las mismas estrategias cuando les beneficiaban. La democracia implica respetar las reglas del juego, incluso cuando el resultado no es el deseado. Las mociones de censura no son golpes de Estado ni artimañas indignas; son mecanismos constitucionales tan válidos como los pactos poselectorales o las mayorías simples. La coherencia política debería imponerse a la conveniencia partidista, pero en la política española, la hipocresía sigue marcando el paso.
Antes de las malas artimañas y praxis previas a las elecciones del 2023, el Partido Popular en Granadilla de Abona, tenía una previsión de crecimiento que le otorgaba entre cinco y seis concejales. Sin embargo, los acontecimientos propiciados por el presidente de los populares en Tenerife y la falta de intervención del presidente regional del PP, Manuel Domínguez, así como su desidia al no intervenir, generaron una guerra interna en el partido que marcó los acontecimientos. Estos hechos cronológicos podrían llevar a una caída libre y sin redes en los próximos compromisos electorales en Granadilla para el PP.
