Casi cien jóvenes no acompañados abandonan el procedimiento de protección internacional para permanecer en las islas mientras continúan las derivaciones ordenadas por el Tribunal Supremo
Soldecanarias.net / Redacciòn
Casi un centenar de menores migrantes no acompañados ha decidido renunciar a la solicitud de protección internacional como única vía para evitar su traslado fuera de Canarias. La medida se produce en pleno proceso de redistribución de menores refugiados impulsado por el Gobierno central para aliviar la saturación del sistema de acogida del Archipiélago, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo.
Según ha confirmado el Ejecutivo autonómico, 99 jóvenes han desistido formalmente del procedimiento de asilo, lo que les permite permanecer en los centros gestionados por la comunidad autónoma, pero a costa de perder el acceso al Sistema Nacional de Protección Internacional.
La resolución judicial obligó al Estado a asumir la tutela de los menores solicitantes de asilo alojados en recursos canarios. Para ello, el Ministerio de Inclusión habilitó dispositivos temporales en Gran Canaria, donde se evalúa cada caso antes de su derivación a centros situados en la Península. Hasta el momento, 408 niños, niñas y adolescentes ya han sido trasladados, mientras que 167 permanecen en recursos estatales dentro del Archipiélago.
El pasado martes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció además que esta misma semana se producirá el traslado de otros 28 menores, algunos de ellos a centros de nueva creación.
Protestas por el impacto del traslado
Las derivaciones han generado un fuerte rechazo social en varios municipios canarios. Familias de acogida, asociaciones vecinales y entidades sociales denuncian que muchos de estos menores estaban plenamente integrados en sus entornos y que el traslado supone una ruptura brusca de sus vínculos personales, educativos y emocionales.
En localidades como Arucas o San Bartolomé de Tirajana, colectivos ciudadanos han reclamado que se respete la voluntad de los menores y su arraigo en las islas. Critican especialmente el traslado a instalaciones provisionales como el Canarias 50, al considerar que empeora sus condiciones de vida y vulnera derechos fundamentales.
Estas protestas han cristalizado en una iniciativa ciudadana que califica la situación de “extremadamente grave” y que exige la paralización inmediata de las derivaciones. La campaña, respaldada por cerca de 800 firmas, reclama además el retorno de los menores ya trasladados y soluciones que prioricen su estabilidad emocional y su interés superior.
Reubicaciones por la Ley de Extranjería
Paralelamente, continúa la aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformado en marzo de 2025, que obliga a redistribuir a los menores no acompañados desde territorios en situación de contingencia migratoria hacia otras comunidades autónomas. Canarias, junto a Ceuta y Melilla, se encuentra bajo esta declaración.
Según los datos facilitados por el Ministerio, 198 menores ya han sido reubicados por esta vía, y el objetivo es trasladar a unos 1.700 jóvenes antes de marzo de 2026. No obstante, Torres ha reprochado al Gobierno canario el retraso en el envío de expedientes, asegurando que hasta ahora solo se han recibido 536, una cifra insuficiente para cumplir los plazos legales.
Mientras el calendario administrativo avanza, decenas de menores se enfrentan a una disyuntiva difícil: aceptar el traslado o renunciar al asilo para no volver a migrar.
