Soldecanarias.net Las Palmas de Gran Canaria
Gustavo Santana, diputado del PSOE, denuncia la explotación laboral y la economía sumergida en las islas, proponiendo la creación de un observatorio para combatir estas prácticas injustas.
Las alarmantes cifras presentadas en un informe del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) revelan que en Canarias se trabajan más de 52.000 horas extra no pagadas cada semana. Esta situación afecta a aproximadamente 8.200 trabajadores, quienes, en promedio, realizan 6.3 horas adicionales sin compensación, lo que se traduce en un coste laboral no remunerado de alrededor de 123 euros semanales y 6.407 euros al año. El impacto económico de esta explotación se eleva a 53 millones de euros que las empresas se ahorran anualmente.
Gustavo Santana, diputado del PSOE, ha llevado esta preocupante situación al Parlamento de Canarias, destacando que los sectores más afectados son la hostelería, la industria y el comercio. La hostelería, en particular, es la que concentra la mayor parte de estas horas no remuneradas, con más de 17.600 horas extra trabajadas y 1.800 asalariados perjudicados. Este fenómeno se presenta en un contexto de creciente desigualdad económica en las islas, donde el 10% de los hogares acumula más del 60% de la riqueza.
El diputado ha instado a una revisión profunda del discurso sobre el absentismo laboral, que a menudo es utilizado por la patronal para justificar la baja productividad en la región. Según Santana, este debate debe ir más allá de la simple falta de asistencia y considerar factores como la organización del trabajo, la negociación colectiva y las dificultades para la conciliación familiar y laboral. CCOO ha defendido que la productividad en ciertas actividades en Canarias puede ser muy superior a la media nacional.
La propuesta de crear un observatorio contra la economía sumergida tiene como objetivo visibilizar y erradicar prácticas laborales injustas. Santana destacó que, según datos de la Inspección de Trabajo, en 2023 se detectaron 4.447 empleos no registrados, y se transformaron contratos temporales a jornada completa, así como ampliaciones de jornada parcial. Esta realidad subraya la necesidad urgente de identificar los lugares y formas en que se está produciendo el fraude laboral.
La creación de este observatorio no solo se orientaría a proteger a los trabajadores afectados, sino que también buscaría mejorar los ingresos públicos mediante la regularización de empleos y la eliminación de la economía sumergida, que se estima tiene un peso de 8.500 millones de euros en el archipiélago. Con estas medidas, se espera que se logren condiciones laborales más justas y equitativas para todos los habitantes de Canarias.
