La Fecam pide fijar los topes de viviendas, evitar duplicidades y mayor seguridad jurídica
Soldecanarias.net / Redacciòn
La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha reiterado su petición de mayor autonomía y seguridad jurídica para los ayuntamientos en el marco de la nueva ley de alquiler vacacional que se debate en el Parlamento regional. Pese a un diálogo continuo con la Consejería de Turismo, la Fecam considera que sus principales reivindicaciones aún no han sido incorporadas al texto legislativo.
Uno de los puntos clave en la propuesta municipal es que cada ayuntamiento pueda establecer los topes de viviendas vacacionales según las necesidades y particularidades de su territorio. Según la presidenta de la Fecam, Mari Brito, «no tiene el mismo impacto en municipios que se están despoblando o en las Islas Verdes, donde suponen un revulsivo económico, que en otros donde la oferta vacacional compite con la residencial y encarece los precios».
Además, la Fecam plantea que los ayuntamientos puedan verificar la vigencia de la declaración responsable de las viviendas antes de consolidar su uso, simplificando el proceso mediante herramientas informáticas para evitar la sobrecarga administrativa.
Otra de las discrepancias radica en la extinción de la habilitación de vivienda vacacional cuando se transmita el inmueble, una medida incluida en el proyecto de ley para evitar la especulación. La Fecam solicita excepciones en casos de herencia o donación en vida, permitiendo la continuidad de la actividad.
Por último, la federación municipalista aboga por una solución temporal para las viviendas vacacionales en suelo turístico. Si bien apoyan el principio de unidad de explotación, piden que puedan comercializarse de manera independiente mientras se actualiza la Ley de Turismo, evitando así la salida abrupta de unas 25.000 viviendas del mercado.
Con Canarias superando ya las 50.000 viviendas vacacionales, 5.000 más que en 2023, el debate sigue abierto en el Parlamento, con los municipios buscando mayor flexibilidad para adaptar la normativa a su realidad local.
