Más de veinte colectivos recurren ante el TSJC el Plan Rector aprobado por el Cabildo de Tenerife, al que acusan de priorizar el uso turístico frente a la conservación del Parque Nacional
Soldecanarias.net / Redacciòn
Más de una veintena de colectivos ecologistas han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, aprobado el pasado diciembre por el Cabildo de Tenerife. Las organizaciones consideran que el nuevo documento supone un retroceso en la protección del espacio natural más emblemático del archipiélago y abre la puerta a una mayor presión turística y comercial.
La iniciativa judicial, anunciada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), cuestiona tanto el contenido del plan como el proceso seguido para su aprobación. Según la organización ecologista, el PRUG consolida la cesión efectiva de las funciones de gestión del parque al Cabildo insular y culmina una tramitación marcada por retrasos, modificaciones sustanciales y una reducción “a la carta” de las medidas de conservación inicialmente previstas.
Los colectivos firmantes sostienen que el nuevo marco normativo permite o amplía usos y actividades incompatibles con los objetivos de un parque nacional, en un contexto de saturación creciente. El Teide es el espacio protegido más visitado de España y de la Unión Europea, con más de 5,2 millones de visitantes en 2024 concentrados en una superficie de apenas 190 kilómetros cuadrados.
ATAN y el resto de organizaciones denuncian que el Cabildo, con el respaldo del Gobierno de Canarias, está impulsando un modelo que transforma el parque en un “espacio recreativo” orientado al consumo turístico, en detrimento de la conservación ambiental y del valor científico y paisajístico del enclave. A su juicio, esta estrategia se ha visto acompañada de una intensa campaña institucional destinada a presentar el plan como beneficioso para la isla.
El recurso también carga contra la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a la que los ecologistas responsabilizan de haber impulsado los cambios más controvertidos del PRUG y de haber obstaculizado movilizaciones ciudadanas críticas con la gestión del parque. Las organizaciones aseguran que la vía judicial es solo una de las acciones previstas y advierten de que mantendrán la presión social y legal para frenar lo que consideran una degradación progresiva del Parque Nacional del Teide.
