Un informe técnico avala que la ciudad cumple con los requisitos para mejorar el acceso a la vivienda, con precios en aumento y fuerte presencia de viviendas vacacionales.
Soldecanarias.net / Las Palmas de Gran Canaria
Un informe técnico elaborado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Universidad de Las Palmas, avala que la ciudad cumple con los requisitos para ser declarada zona residencial tensionada, según la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda. Esta declaración es crucial para mejorar el acceso a la vivienda en un contexto de precios en alza y un mercado altamente competitivo.
Carolina Darias, alcaldesa de la ciudad, presentó las conclusiones del informe, subrayando que Las Palmas de Gran Canaria es el primer municipio en Canarias en generar un análisis tan detallado sobre el mercado residencial. La capital grancanaria ha cumplido tres de los cuatro requisitos establecidos por la ley, que incluyen el elevado porcentaje de la renta media de los hogares destinado a la hipoteca y el alquiler, así como el aumento significativo de los precios del alquiler.
El informe resalta que, entre 2021 y 2023, la carga media del coste de la hipoteca y el alquiler ha superado el 30% de los ingresos medios de los hogares, lo que refleja la presión sobre los residentes. Además, los precios del alquiler han aumentado un 29,4%, mucho más que el IPC, lo que evidencia una clara tensión en el mercado.
En cuanto a la vivienda vacacional, Las Palmas de Gran Canaria ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de 2.050 unidades en 2020 a más de 4.700 en 2024. Este crecimiento ha afectado principalmente a áreas como Vegueta, Triana y el entorno de Puerto-Santa Catalina, donde la relación entre viviendas vacacionales y principales se aproxima al 50%.
Con la declaración de zona tensionada, la ciudad podrá activar medidas que garanticen precios de referencia para los alquileres y agilicen la construcción de nuevas viviendas. Actualmente, el Ayuntamiento está comprometido con la construcción de 1.000 viviendas públicas durante este mandato, y ya se han iniciado cerca de 400. La alcaldesa aseguró que la colaboración entre el Gobierno municipal, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria será esencial para ampliar el parque público de viviendas y dar respuesta a la creciente demanda de la población.
El informe resalta la urgencia de esta declaración para combatir la inaccesibilidad de la vivienda y evitar una mayor exclusión residencial, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población.
